En su tercer informe de la Misión de Observación Electoral, el cual fue entregado a las entidades estatales, la MOE destacó que en los primeros seis meses del calendario electoral, se ha evidenciado un recrudecimiento de la violencia por parte de los grupos armados ilegales en el país. En este periodo se han registrado un total de 634 hechos entre acciones armadas y amedrentamientos, un incremento del 141% en comparación con el total de hechos para el mismo periodo de las elecciones locales de 2019.
“El accionar y presencia de grupos armados ilegales podría tener impactos en las elecciones locales de 2023. “Al respecto, se ha recibido información sobre amenazas y acciones para cooptar a
liderazgos sociales y comunales por parte de grupos armados ilegales, así como prácticas asociadas al control y restricciones a la movilidad de pobladores en áreas rurales, cobros y extorsiones a actividades de comercio y acciones de empadronamiento” señaló la MOE.
Alejandra Barrios, Directora de la MOE también llamó la atención sobre las afectaciones a los liderazgos políticos. “En este periodo se han registrado 153 agresiones en su contra, el número más
elevado en este lapso desde el 2012, momento en el que esta organización inició con este seguimiento” .
Finalmente, la MOE expuso que a cinco (5) meses de las elecciones, la Registraduría no ha hecho pública la información relacionada con las auditorías que serán contratadas para los sistemas
tecnológicos y aquellas que podrán ser implementadas por las organizaciones políticas y misiones de observación electoral. “Debido a la contratación tardía de tecnologías para el preconteo, software de escrutinios y sorteo de jurados de votación, se corre el riesgo de que una vez más las elecciones se realicen sin auditorías, replicando cuestionamientos como los surgidos en el proceso electoral pasado”, añadió Barrios.
Por esta razón, “es necesario que la Registraduría explique cuál será el alcance de las auditorías a fin de tener claridad sobre la información a la que se podrá acceder y las garantías con que actores
externos podrán auditar de manera especializada y profunda los diferentes sistemas tecnológicos que les permita tener certeza sobre la funcionalidad, seguridad en el resguardo de la información,
mecanismos de trazabilidad y veracidad”, puntualizó.
