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La Procuraduría General de la Nación en una visita conjunta con la Defensoría del Pueblo encontró un hacinamiento de 144 % en los centros de detención transitoria de Risaralda.
El hacinamiento está generando serios problemas de salud y vulnera los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. A esto se suman deficiencias en la adquisición y preparación de alimentos y deterioro de las instalaciones, que agravan la condición de las personas allí recluidas.
Frente a la grave situación, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, sostuvo una mesa de trabajo interinstitucional en la que se hicieron compromisos para solucionar lo antes posible la crisis.
Entre los más importantes está la suscripción de convenios entre los entes territoriales y el INPEC para el traslado de sindicados a establecimientos de reclusión del orden nacional que permita disminuir el hacinamiento lo antes posible.
También se definieron brigadas de salud quincenales para garantizar la atención de las PPL y monitorear posibles brotes de enfermedades y la creación de un fondo común entre gobernación y alcaldías para mejorar la infraestructura de los centros.
