Senadora del Pacto Histórico denuncia supuestos malos manejos de las regalías durante el Gobierno Duque

La Senadora de la República del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, denunció “una cadena de irregularidades en el manejo de los recursos de los fondos regionales y ambientales del Sistema General de Regalías durante el período del expresidente Iván Duque.

Se trataría de uno de los peores escándalos de corrupción en la historia reciente del país.

De acuerdo con los resultados de la investigación, durante la administración de Iván Duque se asignaron 12.245 contratos, así como actos de ordenación de gasto bajo la modalidad de contratación directa y regímenes especiales que suman recursos por el orden de los 3.8 billones de pesos.

Según los hallazgos de la congresista,” entre el 7 de agosto de 2018 y el 7 de agosto de 2022, el gobierno destinó recursos a dedo y sin una sólida justificación técnica”.

Actual Ley de Regalías, a la medida de la corrupción

La investigación de la senadora Hernández determinó con fuentes en territorio, que para que un proyecto de regalías salga adelante y tenga vida se “requiere” de un padrino político que “garantice” su aprobación a cambio del pago de coimas durante las distintas fases del proceso.

En ese sentido, el alcalde del municipio de Colón- Génova (Nariño), Segundo Gil López, y quien fue uno de los mandatarios consultados durante la verificación en territorio, contó detalles reveladores frente a cómo habría funcionado la dinámica de intermediación que terminó desviando a bolsillos particulares, importantes recursos públicos pertenecientes a la ciudadanía.

“Durante varios años en muchas entidades del Estado han instalado unas especies de ‘peajes’, es decir el pago de coimas o dádivas, a cambio de permitir el avance de un proyecto de regalías. Si esto no se hace la iniciativa sencillamente es descartada por muy buena que sea, lo cual no solo es hecho descarado de corrupción, sino que además impide la materialización de proyectos valiosos y que sí necesitan con urgencia las comunidades”, indicó.

Por cuenta de las pesquisas adelantadas por la congresista, se encontró que en los contratos de regalías para las regiones y del presupuesto ambiental, se aplicó el mismo patrón basado en el pago de dádivas desde el nacimiento hasta la finalización del proyecto de inversión que sumarían el 10% de los recursos totales ejecutados. Es decir, “esta práctica habría generado un desangre en corrupción de 380 mil millones de pesos”.

Un tercer hallazgo de la actual congresista señala al Fondo Mixto para la promoción del Deporte y la Gestión Social, en el Valle del Cauca, donde se habrían ejecutado un total de 37 contratos por $34.000 millones.

Dice la senadora que esta es la misma entidad que ejecutó casi 500 mil millones de pesos de los cuestionados contratos del OCAD paz, aun cuando cuenta con un patrimonio de apenas 6.401 millones de pesos.

El informe dice además que la Fundación Universidad del Valle, obtuvo 253 contratos a dedo por $245 mil millones

Para Hernández es curioso que, “la Fundación Universidad del Valle figura con un patrimonio neto de apenas 4.100 millones de pesos, es decir 50 veces menos de los montos que recibió, lo que se constituye, para los intereses del Estado, en un grave riesgo al depender de una organización con un limitado músculo financiero en caso de una eventualidad derivada de la ejecución de los recursos. Es bueno recordar, que esta organización ya ha estado inmersa en varios escándalos por importantes retrasos en la ejecución de proyectos y por hallazgos fiscales de la Contraloría General”.

Otro caso que encontró la senadora del Pacto Histórico, es el relacionado con las Asociaciones de Municipios, que han sido constituidas, en buena parte, por ex alcaldes.

“Se valen de las fragilidades del mismo para constituir esta clase de organizaciones a fin de evitar los esquemas de contratación públicos, de control y de transparencia amparados en leyes como la 80 de 1993.  Estas organizaciones recibieron de las manos del gobierno Duque, 255 contratos a dedo por 162 mil millones de pesos, sin ninguna clase de vigilancia y bajo el desconocimiento de la opinión pública”, indicó.

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