El 25 de mayo pasado ENEL anunció que no iba más con su planta de generación de energía eléctrica Windpeshi con base en los vientos de La Guajira, debido a sobre costos que le ha implicado la interacción con la comunidad Wayuú.
La planta eólica tiene un costo de más o menos USD 1 millón por cada 1 MW instalado. Es decir, que para una planta de 205 MW debía costar USD 205 millones; se supo que han reportado hasta el momento un sobre costo de USD 80 millones, pero que podría llegar hasta completar USD 400 millones. Con seguridad, con ese desfase en la inversión, las expectativas de negocio se fueron al piso.
Por otro lado, el presidente Petro ha sido motivo de burlas en las redes de sus opositores porque confundió capacidad instalada (MW) con energía (GWh), restándole importancia a sus anuncios. Incluso con imprecisiones como la de Lloreda (ElPaís, 2023) que asignan un factor de planta por debajo de la mitad de lo que realmente es, quizás también para menguarle su impacto. Lo que produce por año efectivamente una planta se calcula como su capacidad instalada multiplicada por todas las horas del año y multiplicado por el factor de planta, porque no todas las horas se puede generar a plena capacidad. La maravilla de los vientos de La Guajira es que el factor es bien alto, de más de 50% (y no como yerra Lloreda poniendo el 30%). Por ejemplo, la planta que nos ocupa generará 1,011 GWh/año (La República, 2023) con una capacidad instalada de 205 MW, lo que implica un factor de planta de 56%.
El potencial de generación en La Guajira sí es enorme. Desde hace años se habla de la factibilidad de instalar 15,000 MW (CrudoTransparente, 2023). No obstante que el Presidente hable de 25,000 MW, quedémonos con el primer dato para ser conservadores. Si en toda La Guajira se tuviera el factor de planta de Windpeshi, la generación eléctrica anual en todo el departamento sería del orden de 73,584 GWh/año, muy parecida al consumo nacional en un año que es de 76,654 GWh (durante 2022, XM); solo que hay que almacenar su energía no despachable a la red en las horas de no consumo. Para ello hay que optar por baterías, hidrógeno líquido (verde) u otras formas muy interesantes que están saliendo de las investigaciones científicas movidas por la urgencia del cambio climático (reporte Iberdrola). Entre ellas, la utilización reversible de las hidroeléctricas para almacenar energía potencial en sus actuales embalses (BID, 2018).
Hasta el primer semestre de 2018 se pensaba que era imposible desarrollar el potencial de generación eléctrica en La Guajira por dos asuntos difíciles de vencer: al parecer los “dueños” del negocio de generación en el país bloqueaban los proyectos para la construcción de las líneas de conexión eléctricas que pudieran evacuar la energía que se produjera, y dos, los Wayuú que eran “muy difíciles de manejar”. El evento desafortunado en el túnel auxiliar de desviación en Hidroituango creó una crisis y probablemente el susto sirvió para destrabar la construcción de las líneas. No así el asunto con los Wayuú según las noticias que llegan desde Windpeshi.
Hace unos años tuve la oportunidad de participar en la estructuración del parque eólico Jouktai (viento en wayuunaiki) planta de 20 MW (hoy de Isagen), la primera que tuvo licencia ambiental después de Jepirachi (viento del noreste) que hizo EPM con dineros de fomento del Estado para que abriera esa frontera de desarrollo, pero que malogró en prácticamente todos los aspectos de ese piloto tan importante. Jouktai, con una capacidad de planta del 68% (más sorprendente aún), ha tenido una experiencia con los Wayuú diferente; sus promotores invirtieron algo más de 16 años gestando una relación armónica y confiable. En el proyecto estan incluidas las comunidades a través de sus cabildos y dos municipios, contando con sus autoridades ancestrales (esto es muy importante como se verá). Y participaron en el negocio de varias formas y no solo en el recibo de regalías; aunque no era alta esa participación, ese principio facilitaba relaciones más justas y respetuosas con ellos.
El quid de la problemática es que se ha negociado con los representantes de las comunidades tradicionales (las que han ocupado el territorio) y no con las comunidades ancestrales (que son dueñas del territorio por herencia materna en generaciones anteriores). Esto revela la falta de conocimiento juicioso, mínimo, que cualquiera que fuera a meterse en este negocio debería tener sobre su casi único factor de inestabilidad e incertidumbre. La problemática está bien analizada en el artículo de Monsalve (El País América, 2023).
Los problemas pueden provenir de varias causas comentadas por expertos en el asunto: la legislación del país tiene errores y permite estos conflictos (Torres, Lexir, 2023), las empresas dejan todo en manos de abogados cuando las negociaciones con las comunidades deben ser directas y cercanas, y de alguna forma, se ha visto a las comunidades indígenas como conjuntos de niños tontos a los que se les puede manejar con desdeño. Proponen mejoras, que no solo aplican para esta comunidad, sino que son generalizadas para todo el territorio nacional:
Debería haber licencia cultural, adicional a la ambiental, enfocada claramente al respeto por la cultura y sabiduría de las comunidades y sus derechos. Los Wayuús saben negociar (onagua en wayuunaiki) y nadie en su población pelearía contra la autoridad ancestral.
Las consultas previas hay que arreglarlas, empezando por el conocimiento adecuado de la cultura y de las leyes que los indígenas respetan. Hoy en día pueden durar entre 2 y 3 años, en los que los abogados e incluso el Estado reciben dinero por sus gestiones pero las comunidades solo refrigerios y transporte. Deben estar basadas en la representación legal de las comunidades que quedó mal en la reglamentación actual, que dice tradicionales y no ancestrales. Y deben ser expeditas, para lo cual se incluyen los siguientes tres párrafos.
Para evitar la no alineación de abogados y otros terceros con los intereses de las comunidades y de las empresas, y cuyo interés es obtener la mayor cantidad de dinero posible y no la negociación rápida y en paz, las negociaciones no deben ser acompañadas por terceros, deben estar basadas únicamente entre los representantes legítimos de las comunidades y las empresas directamente, observadas por el Estado.
Se deben establecer formas de participación y tarifas predefinidas en la legislación.
Hay que modificar el Decreto 1088 de 1993, pero no derogarlo. Este decreto les da a las comunidades la oportunidad de asociarse o constituirse en empresas, pero en él se configuraron varias figuras de representación indígena o autoridad como cabildos y autoridad tradicional (la que generó toda esta confusión).
No se necesita pensar mucho para prever los beneficios de estas mejoras: certidumbre para las empresas con sus proyectos necesarios para el desarrollo, quienes dejan de ser tratadas como vacas a las que hay que ordeñar sin piedad, en equilibrio con la naturaleza a través de las licencias ambientales y en equilibrio con los indígenas a través de las licencias culturales, quienes dejan de ser tratados como pobres y miserables a quienes hay que tirarles alguna limosna, y que los proyectos se logran sobre y a pesar de ellos. Como se ve, la causa principalmente está del lado del Estado. No se puede esperar más para erradicarla.
Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz
