Democratizar la energía es hacer justicia social

Mucho se ha hablado en los últimos días de la propuesta del gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, de “democratizar la energía”, como una medida entre otras, de hacer justicia económica con millones de hogares colombianos que hoy están siendo afectados por las onerosas tarifas de servicios públicos, especialmente las de energía.

Es una buena propuesta la del mandatario, y en esa dirección ya se dio un primer paso importante al asumir por un período de tres meses, las funciones de carácter general de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la cual le permitirá al presidente y a su gobierno hacer un rediseño de la metodología para la definición de tarifas.

Las reacciones a esta iniciativa gubernamental no se hicieron esperar, el pasado 24 de febrero, el alcalde de Medellín Daniel Quintero, solicitó al presidente Petro congelar las tarifas de EPM, sin duda, una extraordinaria noticia que permitiría a millones de hogares tener un respiro económico y de paso combatir la inflación, como lo aseguró el mismo Quintero en su misiva al Jefe de Estado. Es importante que EPM se suba a ese bus, pero desde luego ya hay sectores que pusieron el grito en el cielo, pues la mayoría de ellos representan a los seis oligopolios que dominan este mercado.

Recordemos que Antioquia es el departamento que tiene más hidroeléctricas, cuenta con once en total. San Carlos, Porce II, Porce III, Guatapé, Guatrón, La Tasajera, Playas, Jaguas, Carlos Lleras, San Miguel y por supuesto Hidroituango que cuenta con una capacidad de generación de 2400 mega vatios. EPM es entonces el actor más importante del país en cuanto a generación de energía, pues produce más del 27 % de la energía que se consume en Colombia y dicho porcentaje subirá a 40 % cuando las ocho turbinas estén operando.

Democratizar la energía como lo planteó recientemente el presidente en Caldono, Cauca, no solo les permitirá un alivio al bolsillo de millones de familias colombianas, sino también que abre la posibilidad para que comunidades campesinas debidamente organizadas puedan ser generadoras de energía.

Hoy cómo viene funcionando el sistema, se crea un componente técnico, se socializa y se presentan comentarios de todos los agentes, la CREG recibe comentarios y hace los debidos ajustes atendiendo sugerencias y luego procede a expedir la resolución. Ahora bien, cómo funcionará en adelante, bajo el nuevo esquema planteado por el gobierno, se mantienen las reuniones técnicas para recoger sugerencias y apreciaciones, habrá reuniones con prestadores de servicios donde se tendrán en cuenta los factores de riesgo a futuro, reuniones con organizaciones de usuarios, hasta el 16 de mayo el Presidente Petro tomará las funciones de regulación.

Es una decisión que apoyamos, aquí ha faltado mucha regulación porque siempre ha habido un contubernio entre la CREG y las generadoras que se amangualaron para afectar el bolsillo de la gente y favorecer a los oligopolios y sus cabezas que son los que han dominado con el poder económico a este país desde hace décadas.

Quienes hemos estado de cerca haciéndole seguimiento a estos complejos, pero importantes temas, vemos que es una medida que hacía falta, el país la venía reclamando desde hace años, pero intereses económicos no habían permitido que se hiciera efectiva, hoy el gobierno del cambio ha demostrado que ¡sí se puede!
Esperamos que los resultados positivos se vean en el corto plazo para que la población colombiana tenga al menos un respiro en medio de tantas circunstancias adversas que heredó este gobierno.

Por: Guillermo García Realpe
@GGarciaRealpe

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