“Traemos una palabra que viene de escuchar y sentir a las víctimas en gran parte del territorio y en el exilio, de oír a quienes luchan por mantener la memoria y resistir el negacionismo”. Así dijo el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, CEV, en la presentación de las recomendaciones del informe final “HAY FUTURO si hay verdad”, el 28 de junio de 2022.
Aprovecharé la coyuntura del informe de la CEV, para abordar el drama humano, el ambiente de destierro y temor que provocó el exilio de varios de los integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR, un eje importante del caso que se ventila actualmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La abogada Soraya Gutiérrez, los abogados Miguel Puerto, Luis Guillermo Pérez y yo, fuimos gravemente afectados por nuestro exilio forzoso. Nos motivó la situación grave de riesgo que enfrentábamos por las amenazas y hostigamientos en nuestra contra, los cuales se extendieron a nuestros núcleos familiares que también sufrieron violaciones de sus derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El abogado Alirio Uribe Muñoz en su testimonio ante la Corte manifestó que a comienzos de los 90 Eduardo Umaña Mendoza estaba amenazado, y que había hostigamientos y persecución contra mí, indicando que me tocó salir del país en 1994 para preservar mi vida. Otros me siguieron: a Luis Guillermo Pérez le tocó salir en 1994 y a Miguel Puerto en 1997. Regresaron pero luego les tocó de nuevo. Volví a salir en 1999 hacia Estados Unidos, Miguel Puerto en 2000 hacia Reino Unido y Luis Guillermo Pérez en 2001 hacia Bélgica, todos por un largo periodo.
Por su parte Luis Guillermo Pérez le dijo a la Corte que en septiembre de 2005 se produjo la sentencia contra el Estado colombiano por la masacre de Mapiripán. En noviembre de ese año le hacen una llamada a la casa de su madre y le dicen que “todos íbamos a pagar. (…) La familia entró en pánico, abandonaron el apartamento, (…) y finalmente les tuve que sacar del país con el apoyo de la embajada belga y los albergué en mi casa”. Añadió que “a finales de diciembre de ese año, mientras dormíamos a las 5:00 a.m., mi casa fue incendiada. En principio pensé con ingenuidad que pudo tratarse de un corto circuito, perdí muchos documentos con el incendio, mi computadora y archivos”.
En relación con la familia de Luis Guillermo Pérez, el peritaje psicosocial del Centro de Atención Psicosocial, CAPS, da cuenta de los estragos en la integridad de los hijos que el exilio y los hechos del caso han causado: “Estas vivencias de miedo constante, precariedad y ruptura de lazos familiares y proyecto vital de uso al exilio han tenido consecuencias en sus tres hijos en forma de trastornos de ansiedad y depresión e ideación-tentativas de suicidio y falta de esperanza vital. Los tres hijos se encuentran en tratamiento psicológico o psiquiátrico, y el trauma ha alcanzado la siguiente generación (…)”.
El abogado Miguel Puerto le manifestó a la Corte que, en un viaje a Arauca por el caso de Santo Domingo, lo declararon objetivo militar. Llamaron a un sindicato que trabajaba con nosotros y dijeron: “dígale al abogado Miguel Puerto que fue declarado objetivo militar aquí en Arauca para que no vuelva. Yo sí volví, pero con mis precauciones y en su momento se interpuso la respectiva denuncia allá en Arauca, pero no investigaron nada (…) las organizaciones sociales me dijeron que no volviera a la ciudad”.
Se preguntó Miguel Puerto en el caso de los abogados que nos vimos obligados a vivir años y años en el exilio, “¿Quién nos repara o cómo se reparan esos largos años de exilio? Ese sufrimiento es casi imposible repararlo, yo era una persona de temperamento alegre, que me gustaba conversar y pasarla bien con mi familia y mis amigos, y buena parte de esa forma de vida la he perdido y se perdió durante ese largo exilio. Elizabeth mi esposa, me decía con frecuencia: Miguel, ¿dónde está tu sonrisa? (…) Todo esto se debe a la forma de vida que me ha tocado vivir, verme obligado a vivir en otro país, en otra cultura, otra lengua, esto cambió mi personalidad. La tristeza, el sufrimiento, la angustia, el dolor se volvieron lo cotidiano”.
A la perita Ángela María Buitrago, le quedó claro lo grave de los hechos contra Soraya Gutiérrez y su hija, frente a las cuales el Estado tiene un deber especial de garantía. Los “mensajes” y los “fetiches” que se enviaron como parte de la agresión al entregarle “una muñeca descuartizada generando toda clase de aflicción respecto de lo que significaba con respecto a su hija menor y a su condición de mujer”, involucraban actos excesivamente fuertes que no se investigaron y quedaron impunes.
Sobre la impunidad de los hechos que perpetuaron el exilio, quien escribe le dijo a la Corte: “Con las denuncias que interpuse y que presentó el Colectivo no pasó absolutamente nada. Ni en las investigaciones por las amenazas que llevaron a mis dos exilios, ni las anotaciones de inteligencia, ni los robos de información en mi vivienda, ni el secuestro de mi hija, nada absolutamente nada.”
A los interrogantes formulados por el padre Francisco en las recomendaciones de la CEV, ¿Qué dicen los jueces y fiscales que dejaron acumular la impunidad?, ¿Cómo nos atrevimos a dejar que pasara y cómo nos podemos atrever a permitir que continúe?, esperamos que la Corte les de parte de la respuesta en su sentencia en el caso CAJAR.
El alto tribunal internacional debe reafirmar, consolidar y desarrollar su jurisprudencia sobre las obligaciones de los Estados, de adoptar todas las medidas necesarias y razonables para garantizar los derechos de las personas que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad por su trabajo. Se debe reforzar la obligación de facilitar los medios necesarios para la protección de las personas defensoras cuando son objeto de amenazas y generar las condiciones para la erradicación de las violaciones por parte de agentes estatales o de particulares. Se debe insistir que el Estado se abstenga de imponer obstáculos que dificulten su labor. Que la publicación del informe de la CEV ayude para que por fin el Estado haga caso. #ParaQueNoSeRepita
