Habemus comandante

Solo un día duró la orden de detención del Coronel Javier Antonio Castro, Comandante de la Policía del Caquetá ordenada por el juez 181 de Instrucción Penal Militar. Esta captura absolutamente demencial, incoherente, inentendible, puso en el tapete una serie de consideraciones de muchos sectores en el país.

La oposición por supuesto, aplaude estos desafueros de un funcionario que definitivamente se dió cuenta a las pocas horas de haber firmado esa providencia absolutamente fuera de base, ¡menos mal!

Pero con esto, nos preocupa que al interior de las Fuerzas Armadas y en la Unidad Especial de la Justicia Penal Militar, haya una especie de retaliación contra el gobierno nacional por la manera como manejó el incidente en Los Pozos en San Vicente del Caguán, Caquetá, cuando hubo una movilización popular protestando contra una empresa minera, una empresa de hidrocarburos por su actividad de explotación de petróleo en este Piedemonte Amazónico. Más allá de las razones de la movilización, pues está el análisis del incidente que se prestó para toda serie de críticas y de desinformación.

Ya el Ministro del Interior, Dr Alfonso Prada, ha dado extensa explicación, cómo el Ministerio del Interior, como además de la política, como el Ministerio de la convivencia y el manejo del orden público en las regiones de Colombia manejó esta circunstancia crítica.

Hay que saber en qué circunstancia desarrollan a veces estas movilizaciones campesinas y populares en los territorios y también como la Fuerza Pública tiene que atender el restablecimiento de la tranquilidad y qué manejo le da a este tipo de situaciones. Esas movilizaciones son muy complicadas, quien escribe este artículo, hace más de veinte años le correspondió coordinar la acción del gobierno en las movilizaciones cocaleras de los años 96 y 97, cuando se movilizaron más de 300 mil campesinos cultivadores de hoja de coca en los departamentos de Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo, de otras regiones de Colombia como el Magdalena Medio y Sur de Bolívar y estas circunstancias no son fáciles. Tanto para los mismos campesinos que se movilizan, para la fuerza pública y para quienes representábamos al gobierno, había que manejar esto con absoluta tranquilidad, por su puesto, observancia de los derechos humanos, consideración social por los planteamientos de las comunidades rurales en nuestro país. Ahora se repite esta historia digamos, ya en este caso concreto. Yo creó que el gobierno nacional manejó bien este incidente. Lamentable la muerte de un campesino y de un agente de policía, sobre todo el agente que muere en una circunstancia absolutamente inexplicable por el hecho horroroso de haber sido degollado, eso no tiene ninguna justificación y la investigación penal debe establecer quién o quiénes cometieron este delito y los desafueros que pudieron haberse dado en el hecho, igualmente lamentable la muerte del campesino.

Muchos, los guerreristas hubiesen preferido que la fuerza pública, la policía y el ejército hubieran abierto fuego indiscriminado para que hayan muchas más muertes, mucha más sangre, algo absolutamente fuera de toda consideración en el manejo social, civilista que se le debe dar a los conflictos en nuestro país. El país hubiese estado hoy en un gran debate nacional si hubiera ocurrido hechos más graves de sangre en ese incidente. Tal vez los mismos críticos de la oposición estuvieran esgrimiendo sus argumentos en contra del gobierno por haber ordenado el manejo forzado de las armas, uno sabe que la oposición critica porque bogas o critica porque no bogas, está en su juego político.

A todas estas nos recordamos de un pensamiento del libertador Simón Bolívar, confieso que no soy Bolivariano, por mi origen nariñense, sin embargo, vale el pensamiento tal vez un poco duro que dice “maldito el soldado que apunta su arma contra su pueblo inerme”.

Finalmente las investigaciones de la justicia ordinaria y la justicia penal militar deben seguir, pero sin consideraciones ideológicas y de paso manifestar y ratificar que el gobierno nacional manejo de la mejor manera lo que en esos momentos de confrontación y de fragor la circunstancia.

Por último, el incidente se resolvió por ahora, cuando el señor presidente manifestó que él asumía su responsabilidad como Comandante único de la fuerza pública en nuestro país.

Guillermo García

Senador de la República Abogado y economista egresado de la Pontifica Universidad Javeriana, con maestría en Desarrollo Económico por la Universidad de Andalucía, España. Suma cuatro períodos consecutivos como senador de la república del Partido Liberal.

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