El 7 de agosto de 2022 comenzó el cambio anunciado con la posesión del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. La espada de Simón Bolívar fue traída a la Plaza de Bolívar por orden del primer mandatario. En su discurso dijo: “Llegar aquí junto a esta espada para mí es toda una vida, una existencia”. Agregó que “Esta espada representa demasiado para nosotros y quiero que nunca más esté enterrada, retenida. Que solo se envaine, como dijo su propietario el libertador, cuando haya justicia en este país. Que sea la espada del pueblo”.
La espada goza de un simbolismo inédito. Hace 48 años en 1974, fue sustraída de la Quinta de Bolívar en Bogotá por el M-19, movimiento al que pertenecía en ese entonces el presidente Petro. Diecisiete años después, con su desmovilización en 1991, los integrantes devolvieron la espada a la Quinta de Bolívar. Este 7 de agosto quedó ubicada en el lobby del Palacio de Nariño y el pueblo podrá acceder a ella a través de la Plaza de Armas.
El nuevo presidente de izquierda con el episodio de la espada de Bolívar demostró la alternancia efectiva en el poder, al revocar en ejercicio de sus competencias constitucionales, una orden del gobierno de derecha de Duque. Significa la transferencia de la gobernanza, y la subordinación del poder militar al poder civil, como lo dijo el profesor Rodrigo Uprimny.
El acto simbólico de la espada se ha acompañado con pasos concretos que reflejan un cambio profundo en el concepto del rol de las fuerzas de seguridad pública. El presidente Petro a través de su cuenta de Twitter el 23 de julio de 2022 nombró a Iván Velásquez ministro de Defensa: “Nuestro ministro de defensa será el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema responsable de la investigación judicial contra la parapolítica y ex comisionado de la ONU responsable de la comisión contra la corrupción y la impunidad en Guatemala”. Con estas breves palabras, se señaló una transformación fundamental en la cartera históricamente comprometida de hecho con la corrupción y la impunidad que tanto daño le han hecho al país.
El 12 de agosto el presidente de los colombianos designó en compañía del ministro Velásquez a la nueva cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía, removiendo a 23 generales. Dijo el mandatario que “Esta es la cúpula de la fuerza pública: queda a disposición de la paz y de la ciudadanía en general. Les pedimos cero tolerancia con la corrupción y respeto por los derechos humanos. Esta fuerza pública tiene que ser profesional”. Añadió que “El éxito de estas fuerzas se medirá en la reducción sustancial de las masacres y el aumento sustancial de las libertades y los derechos”. De la cual no hará parte el general Jairo Fuentes señalado de falsos positivos, lo que determinó que fuera descartado como segundo comandante del Ejército.
El 17 de agosto, en Apiay, Meta, el presidente Petro almorzó con más de 200 soldados de la Cuarta División del Ejército y su comandante, el mayor general Antonio Beltrán Díaz quien afirmó que: “el presidente de la República Gustavo Petro llegó hasta el rancho de tropa del cantón militar, a fin de dar un saludo de reconocimiento a nuestros soldados por su labor y conocer el bienestar que reciben al interior del Ejército Nacional”.
El 19 de agosto en la ceremonia de transmisión de mando de la Policía Nacional en la que el mayor general Henry Armando Sanabria se posesionó como nuevo director de la institución, el presidente dijo: “La seguridad humana no es un invento mío, es una discusión mundial (…) Hemos medido la seguridad en bajas y, sin embargo, muchos de los indicadores de seguridad no han mejorado (…) Por eso queremos proponer el concepto que se basa no en el número de bajas ni de muertos, sino en el aumento de la vida”.
Con estos pasos iniciales el cambio va por buen rumbo para adecuar las actividades a una visión democrática del rol de las fuerzas militares y policiales, quienes trabajarán en función de proteger a la población civil colombiana y de la mano con la sociedad para construir en vez de reprimir.
Otro elemento esencial de esta transformación se trata de la inteligencia y la contrainteligencia. El concepto de “enemigo interno” al que se ha referido en varias oportunidades el presidente Petro, se constituyó en el centro y objetivo estratégico de la doctrina de las fuerzas militares y cuerpos de seguridad de inteligencia. Quedó recogido en numerosos manuales e instructivos militares. Estos deben ser revisados por el ministro de Defensa Iván Velásquez y el nuevo director de la DNI, Alberto Casanova Guzmán, nombrado el 18 de agosto, para poder cumplir con la promesa hecha por el presidente Petro en su discurso de posesión que la inteligencia ya no perseguirá la oposición.
En este tema el camino a seguir queda bien claro. Como lo sostuvo el perito Federico Andreu en el caso de los miembros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo vs. Colombia, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe modificarse la ley de inteligencia y contrainteligencia (Ley Estatutaria No. 1621 de 2013), porque no cumple con la definición de seguridad y defensa nacional, no tiene un órgano de control independiente del poder ejecutivo, no protege el derecho a la privacidad e intimidad, tanto en materia de vigilancia masiva como en la recopilación de datos, y carece de un recurso efectivo para los ciudadanos.
Lo anterior lo complementó el perito Rodrigo Uprimny en el mismo caso al sostener que se requiere entonces una reforma institucional profunda del sistema de inteligencia más allá de la Ley 1621 de 2013, que comprenda la modificación o derogatoria de los decretos reglamentarios 857 de 2014 y 249 de 2017, para que el sistema de reserva ligado a actividades de inteligencia se adecue a los estándares internacionales. También se debe incorporar la comisión legislativa del congreso e instituciones independientes de monitoreo y control con el fin de acoger las recomendaciones del informe de 2016 de la comisión asesora para la depuración de los archivos de inteligencia. Por último, se necesita la regulación de un mecanismo eficaz de acceso a la información y de habeas data frente a los archivos de inteligencia, que debería basarse en las instituciones independientes de monitoreo y control, con la posibilidad de recursos judiciales complementarios.
El presidente Petro, el ministro de Defensa Velásquez, el director de la DNI Casanova, deberían proponerle al Congreso desde ya estos ajustes institucionales que le hemos pedido la Corte que los ordene en el caso de CAJAR. El Estado debería ir avanzando en adecuar la normativa de inteligencia y contrainteligencia a los estándares internacionales.
Queda mucho por hacer. Pero por la primera vez en mis casi 40 años como abogado defensor de derechos humanos, contamos con un gobierno que tiene voluntad real, ya demostrada, de ponerse de lado de la población civil y hacer que la “seguridad” sea a favor de todos los y las colombianas. ¡Bienvenida la esperanza!
