La implementación pasivo-agresiva del gobierno de Iván Duque

Lo dijo Francisco Gutiérrez Sanín en el 2021. Duque jugó durante cuatro años a la doble contabilidad con la implementación del Acuerdo de Paz. Mientras para la comunidad internacional posaba como un estadista que “hacía lo que podía” en un país tomado por la mafia, aquí en casa mantuvo siempre la idea de hacer trizas la paz. Quiénes trabajábamos con la comunidad internacional teníamos prohibido mencionar el acuerdo de paz. Sólo se aceptaban proyectos de emprendimientos rurales, ojalá completamente alejados del espíritu reformista o transformador del acuerdo. A ese ritmo, lo único que logró un avance significativo fue el Sistema integral de Verdad, Justicia y Reparación.

Desde ahí, la implementación nació viciada y el acuerdo más verificado del mundo nunca logró tener cifras unificadas que le permitieran saber si se estaba avanzando o no.  Cosas tan ridículas como que el asesinado o violación a los DDHH de los reincorporados nunca se admitiera como un indicador – al menos de preocupación – habla mucho de lo mal que lo hicimos como sociedad. Sólo después de 200 muertos el gobierno de ese entonces empezó a admitir que había un problema.

Pero, por el contrario, se midieron cosas como el número de disposiciones del Estado adoptadas, herramientas estructuradas y muestras de buenas intenciones. Una parte importante de los avances se midió sobre planes sobre los cuáles no se hacía seguimiento. De resultados, ni hablemos.  No creerán las personas que me leen, pero hay una amplia colección de elefantes blancos derivados de la mala implementación que incluyen piscinas de tilapia en tierra fría y un hidrotornillo de miles de millones de pesos instalado en un lugar cada vez más deshabitado. Eso sí, para la foto, todo salía muy bonito.

No obstante, la verificación tuvo también informes brillantes como el que suscribió la Procuraduría Delegada para el Acuerdo de Paz y que mostraba no solamente la falta de avances en el punto 1, sino la manipulación de cifras del gobierno nacional. El documento desapareció hace pocas semanas de la página web, e incluso de Internet. Curioso que haya pasado, justamente cuando la opinión pública empieza a preguntarse qué tan veraz fue la información del gobierno Duque y de su comisionado Emilio Archila. La millonaria cifra de hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras no es otra cosa que un montón de tierras baldías que actualmente están ocupadas y que no pueden ser utilizadas para paliar la inequidad en el acceso a la tierra.

Iván Duque, y sobre todo Emilio Archila aprovecharon el fetiche colombiano con el número chiquito y con las infografías. Por ejemplo, en el balance de los PDET se señaló que se invirtieron 15 billones en 4.159 proyectos sin especificar cuántos de ellos estaban en ejecución, cuántos finalizados y cuántos exitosos. Otra cifra fantástica: 11.300 recomendaciones comunitarias incorporadas en los PDET de las cuáles no se aclara a septiembre de 2022 cuántas están en implementación. 1.777 obras  de las cuáles sólo se han estructurado 3. Pero tal vez la peor cifra está en los proyectos productivos de la reincorporación. De 5.035 proyectos aprobados la minoría no pudo ser operada por los propios excombatientes quiénes recibieron cifras irrisorias. No se sabe a hoy cuántos proyectos están funcionando y cuántos generan ingresos.

La implementación fue negligente en lo importante, centralista y cínica con el país que dependía de ella para no repetir los nuevos ciclos de violencia. El gobierno no hizo nada para parar la agresión contra los excombatientes y la fuerza pública se quedó quieta cuando nacieron las primeras disidencias. El PNIS jamás se implementó, y ni siquiera la oficina del Alto Consejero Presidencial para la Estabilización se dignó a escuchar a los líderes campesinos que después fueron asesinados (por ejemplo en el Putumayo) o a las organizaciones de sociedad civil locales y nacionales que denunciaban los homicidios de líderes sociales y las agresiones. El propio presidente Iván Duque exigió a la Unión Europea que no hubiera sociedad civil presente cuando presentara los resultados de la implementación del acuerdo.

Ese método pasivo-agresivo de la paz con legalidad es lo hoy nos tiene en este estado de violencia, lidiando en esos mismos territorios con más de treinta grupos armados agrupados en dos bloques y unas comunidades frustradas y desesperanzadas. Por eso resulta tan cínica su defensa y tan mentirosas las cifras que presentaron. Pero también hay culpa en el seguimiento excesivamente complicado que permitió que durante 4 años el seguimiento real pasara de agache, escondido en un montón de datos incomprensibles. Ojalá aprendamos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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