En los últimos días en muchos sectores del país, departamentos y municipios vuelve a hacer noticia lo relacionado con la contratación del Programa de Alimentación Escolar -PAE- que, contratan directamente estos entes territoriales y no son buenas siempre las noticias porque están rodeadas de escándalos como la no contratación, demoras y malos resultados en la contratación y esto viene ocurriendo desde hace muchos años.
El PAE, ha sido centro de escándalos, de corrupción, de noticias negativas a lo largo y ancho del país porque este programa que, en un principio es muy bueno tiene como objetivo dar un complemento alimenticio balanceado a los niños y niñas del sector público en Colombia especialmente y además como mecanismo de retención para evitar la deserción escolar ya que los niños, especialmente de estratos 1 y 2 acuden, porque en sus casas no tienen alimentación o la misma es muy precaria, por lo tanto es buena la inspiración y la iniciativa de la alimentación escolar, pero en en la práctica se ha convertido en un negocio de ciertos sectores empresariales inescrupulosos y hasta mafiosos que ha no pocos tiene en la cárcel, conjuntamente con mandatario regionales y locales.
Los enormes recursos de los programas de alimentación escolar nacionales y regionales terminan en los bolsillos de negociantes que aprovechan una ayuda a la población vulnerable en Colombia, lo que conlleva a un delito absolutamente grave, no solamente penal, sino de carácter social y humanitario que no tiene ningún perdón.
Hemos venido reiterando desde hace algunos años que el PAE debe ser suprimido y reemplazado por otro programa que conlleve el cuidado de los recursos nacionales, regionales y locales que sea administrado por las instituciones educativas de secundaria y primaria y as asociaciones de padres de familia para que haya control social y la inversión más eficiente en favor de una buena alimentación de los niños y una administración de recursos de manera transparente y además decente.
Obviamente, tendrá que tener además del control social, un riguroso control de los organismos fiscales y disciplinarios en tratándose de recursos públicos. También la Ley 2046 promovida en la Comisión Quinta del Senado establece que los productores regionales como los productores de la economía familiar y campesina pueden ser actores en esta alimentación escolar. Dicha ley establece que las compras para alimentaciones públicas tanto de población escolar, población carcelaria y Fuerza Pública, debe ser comprada a los productores regionales donde se aplique estos programas de alimentación pública. Quiere decir que la leche, la papa, el arroz, las frutas, la panela y otro tipo de productos deben ser comprados a los productores regionales, eso complementa la bondad de esa reforma a la alimentación escolar, por un lado se da una buena dieta alimentaria a los niños y por el otro lado se fomenta la economía campesina de la región.
Hemos dicho que esa nueva estrategia de alimentación escolar la podríamos llamar la Lonchera Popular y Campesina que pueden administrarla y orientarla las mismas instituciones educativas, en coordinación con los municipios y las asociaciones de padres de familia.
Por supuesto que, la preparación y manipulación de los alimentos tienen que hacerla los padres de familia, dándoles también una posibilidad de ingresos aunque sean mínimos los que se ganan supuestamente las fábricas que nutren a los actuales empresarios con alimentos absolutamente ajenos a la idiosincrasia regional y a la cultura. Entonces son productos regionales preparados por las madres de familia que las pueden elaborar muy bien y que instituciones tan importantes como el SENA las puede formar como tecnólogas en materia de producción, preparación y manipulación de alimentos.
Entonces, ahí se cierra el círculo de un buen programa con control social y con un cuidado y un esmero que produce la misma sociedad tanto en ciudades como en el campo, por eso tiene el nombre que proponemos.
