Del qué, al cómo y al cuándo
Son varios los anuncios que hicieron el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López después del Consejo de Seguridad que se celebró el pasado 31 de agosto en la noche, anuncios importantes para mejorar la seguridad y convivencia que deben ser definidos en compromisos concretos de parte y parte.
Lo primero que se debe destacar, es el compromiso de seguir trabajando en equipo, Nación – Distrito, como se venía haciendo con el gobierno anterior. En esta línea, para hacer más efectiva esta relación sería importante que al Consejo de Seguridad de Bogotá siempre asistiera un delegado del Gobierno Nacional, que puede ser uno de los viceministros de Defensa y que por lo menos cada dos o tres meses se repitiera la reunión con el presidente, para entregar resultados a la ciudadanía.
Con relación a los siguientes anuncios, hay que pasar del qué, al cómo y al cuándo.
- Fortalecimiento inteligencia y la investigación criminal. Muy importante, si se tiene en cuenta que hoy la violencia y la criminalidad en Bogotá y en país es cada vez más estructural, ligada a la criminalidad organizada. Para enfrentar esta criminalidad se requieren más hombres y mujeres policías formados y dedicados a la inteligencia y más investigadores judiciales de la policía y la fiscalía, así como más fiscales especializados en bandas criminales y contra el homicidio. Es decir, en concreto la pregunta es: ¿cuántos profesionales de estas especialidades más, van a llegar a trabajar a Bogotá y cuándo llegan?
Mientras esto sucede y buscando resultados pronto, la Policía Nacional y la Fiscalía podría asignar más unidades de investigación criminal para enfrentar los problemas generados por los “embolsados”, el sicariato y la presencia y accionar del Tren de Aruagua.
- Nuevas casas de justicia. Junto con el Ministerio de Justicia, hay que definir cuántas nuevas casas de justicia se van a construir y poner en funcionamiento y en qué localidades van a funcionar.
- Desarme: El presidente solo adiciona al decreto de restricción al porte de armas que está vigente desde 2014, la eliminación de los permisos especiales que contempla esta restricción y ordena incrementar los operativos para el decomiso de armas ilegales y legales. En este campo hay que avanzar en Bogotá y en el país en una política en contra del comercio nacional e internacional de armas de fuego, que es tan rentable como el narcotráfico y que, en algunos casos, el pago de la droga que se exporta se hace con armas de fuego que ingresan al país de manera ilegal.
- Apoyo a los dos proyectos presentados al congreso por asocapitales: regular competencias carcelarias y justicia restaurativa. Los dos proyectos son muy importantes.
- El primero, busca regular competencias carcelarias porque para algunos funcionarios del orden nacional, con base en el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), y para la Corte Constitucional que extendió el estado de cosas Inconstitucional a las URI y estaciones de policía hacinadas (Sentencia SU-122-22), todos los municipios deben construir y administrar sus propias cárceles y los que no lo hagan deben establecer convenios con el INPEC para que las cárceles nacionales reciban presos del orden local. Sin embargo, estas órdenes no están reglamentadas de manera clara, más del 90% de los municipios no cuentan con recursos para cumplir estar órdenes. Lo que busca el proyecto es que se defina de manera clara y realista las responsabilidades nacionales y locales en esta materia. Ver Sin cárceles no habrá seguridad – Columnistas – Opinión
En el tema de las cárceles los anuncios se quedaron cortos, no basta con reformas legales, Bogotá requiere una nueva cárcel. La Picota, la Modelo y el Buen Pastor están hacinadas por encima de 20% y por la antigüedad y deterioro de estos inmuebles presentan grandes problemas de seguridad, resocialización y de violación de DD HH, solo la cárcel distrital cumple con los estándares internacionales.
Por otro lado, en las URI y estaciones de policía hay un hacinamiento de cerca del 200%, son más de 3000 personas que viven todos los días en menos de un metro cuadrado por persona, una violación flagrante de los DD HH.
Frente a esta situación, se debe avanzar en los compromisos adquiridos en el convenio que se firmó con el Ministro de Justicia del gobierno anterior de diseñar, construir y poner el funcionamiento la nueva Cárcel Distrital para 2200 internos en predios de la Picota.
Esta infraestructura la requiere la ciudad, así avance la justicia restaurativa. A las personas privadas de la libertad se les debe garantizar condiciones de respeto de los DD HH, como lo hizo Bogotá desde el año 2000 con la construcción de la Cárcel Distrital, la mejor cárcel del país, que hace muchos años se quedó corta frente a las necesidades de justicia de la ciudad.
Mientras se avanza en este proyecto, es necesario que el INPEC ayude a deshacinar las estaciones de Policía y las URI y el Distrito acabe en Centro Especial de Retención -CER- de Puente Aranda. Cada día que pasa se incrementa la violación de los DD HH en URI y estaciones y aumentan los riesgos de que se produzca una tragedia.
- El segundo, busca que la justicia restaurativa, que se viene aplicando en el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes -SRPA-, se extienda a los adultos como medida alternativa a la privación de la libertad en establecimiento carcelario.
En este caso no basta con una reforma legal que amplíe la aplicación de la justicia restaurativa al sistema penal de adultos, es necesario saber que los municipios van a tener que invertir importantes recursos para atender a las víctimas y adelantar procesos de resocialización y reinserción social de los victimarios, en compañía de sus familias, como lo hace Bogotá y que ha tenido importantes logros. Este programa dentro del SRPA ha logrado reducir la reincidencia delincuencial y violenta de los jóvenes que infringen la ley penal a menos del 10%. Para lograr esto Bogotá ha invertido en los últimos cuatro años cerca de 25 mil millones de pesos.
- Aumento del pie de fuerza de la policía. La alcaldesa solicitó cumplir los compromisos de aumento anual de 2000 policías nuevos cada año, que se tenía con el presidente Duque. En 2021 se cumplió y este año no se ha cumplido. El acuerdo es que por lo menos será de 1500 este año e igual número el año entrante, como ya lo confirmó el comandante de la Policía Metropolitana.
- Cofinanciación de inversión social. En este caso hay coincidencia respecto a que la inversión social en determinados sectores, como política preventiva, puede disminuir el riesgo de que muchos jóvenes terminen involucrados en hechos de violencia y delincuencia.
