Una verdad incómoda

Contrariamente a la creencia popular de que Colombia tiene la gasolina más cara del mundo, es la tercera más barata en Latinoamérica después de Venezuela y Bolivia, que no son ejemplos dignos de imitar en esta materia.

El mayor valor entre el precio de referencia de los combustibles, que lo fija el MME y el ingreso al productor (IP) de la fórmula, que es lo que se le paga a ECOPETROL, va contra el Fondo de Estabilización de los precios de los combustibles (FEPC), que en la práctica es un subsidio al consumidor, se traduce en un déficit que alcanzó los $25 billones en 2022 y se proyectaba en $32 billones para 2023.

Esta cifra supera con creces lo que se espera recibir este año por cuenta de la reforma tributaria del año anterior (Ley 2277 de 2022) y que se estará adicionando por parte del Congreso de la República mediante el proyecto de ley presentado por el Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo y que se tramita en este momento: $25.4 billones.

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De manera que está plenamente justificado el incremento en el precio de la gasolina que se viene autorizando por parte del MME desde octubre del año anterior, el cual se mantendrá hasta nivelarse con el IP. Debido a la inflación galopante que experimenta el país desde el año pasado y con el ánimo de no atizarla, el Gobierno ha mantenido congelado, es decir subsidiado, el precio del diésel, que se consume mayormente en el transporte de carga y de pasajeros. Es de anotar que el consumo de gasolina y diésel se da por partes prácticamente iguales, 199 y 191 millones de galones mensuales, de los cuales se importan, a precios internacionales, más de 80 millones de galones.

Finalmente, cabe advertir que no hace sentido que si la Transición energética se propone reducir la emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y siendo que el sector transporte en Colombia contribuye con el 12% de las mismas, se subsidie a los combustibles que los generan y de esta manera se incentive su consumo.

Ello va en contravía de la estrategia de la movilidad sostenible, que conlleva elevar las mezclas de los biocombustibles, la mayor conversión a gas(combustible-puente de la Transición) y la penetración de los vehículos con motor eléctrico, reemplazando paulatinamente los vehículos con motores de combustión, los cuales además de los GEI emiten a la atmosfera y la contaminan con material particulado (PM2,5), causante de enfermedades respiratorias, que le significan al país, según el Instituto Nacional de Salud (INS) 15.681 muertes cada año asociadas a la mala calidad del aire y le cuestan al sistema de salud anualmente la friolera de $12.2 billones (1.5% del PIB).

 

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