Por: Juan Camilo Clavijo Martín
El 9 de agosto era el último día en que, por ley, se podían publicar sondeos de los candidatos presidenciales en Ecuador. Ese día, a la salida de un mitin político, mataron a Fernando Villavicencio y esquemas, encuestas y resultados cambiaron completamente. (BBC, 21 de agosto)
El país andino, una nación pacífica hasta hace unos años, ahora está plagado de una guerra territorial entre organizaciones criminales rivales. En medio de la violencia brutal, una de las peores en décadas, el gobierno anunció en junio de este año la compra de 24 millones de cartuchos de armas, una cifra que supera la población del país.
El país también ha perdido el control de sus cárceles, que a menudo están gobernadas por bandas criminales. Más de 400 reclusos han sido asesinados tras las rejas desde 2021, según el servicio penitenciario, muchos de los cuales fueron asesinados durante una serie de masacres.
Sin embargo, esto no es solo un fenómeno exclusivo de ese país, el crimen en Ecuador es transnacional. Según International Crisis Group:
Alrededor de un tercio de todos los asesinatos del mundo se producen cada año en América Latina, y las autoridades nacionales atribuyen muchos o la mayoría de ellos al crimen organizado. Las tasas de asesinatos relacionados con el género han aumentado en varios países. El comportamiento depredador de los grupos criminales también ha desencadenado y agravado las emergencias humanitarias ya existentes, tales como los desplazamientos masivos.
Estas redes criminales operan con la misma lógica que cualquier empresa multinacional, pero dedicadas a actividades ilícitas. El narcotráfico es su principal fuente de ingresos, pero no la única. Por los mismos canales y a través de la misma red organizativa por la que circulan las drogas, hoy se intercambian todo tipo de bienes y servicios: desde personas reducidas a la esclavitud para el tráfico sexual o el trabajo clandestino, hasta armas de todo tipo y calibre, objetos de valor cultural o valor arqueológico, obras de arte robadas y animales exóticos atrapados ilegalmente.
En Brasil, actualmente, tres grandes grupos compiten por el poder. El más conocido es el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital o PCC), que ha experimentado un rápido crecimiento y cuenta con unos 30.000 miembros en todo el país. El ascenso del PCC ha provocado ansiedad entre los dirigentes del segundo actor más importante, el Comando Rojo de Brasil (Comando Vermelho o CV). El CV, una de las organizaciones criminales más antiguas y arraigadas de Brasil, ha librado una guerra contra el PCC en todo el país, contribuyendo a varios aumentos notables en las tasas de homicidio. Un tercer grupo, la Familia del Norte (Família Do Norte o FDN), se ha afirmado en su tradicional esfera de influencia, es decir, el control de las actividades ilícitas en el estado de Amazonas, como aliado de la CV.
Con su antigua alianza rota, la FDN está apretada entre el CV y el PCC mientras luchan por el control del estado de Amazonas. La contienda entre organizaciones criminales emergentes y establecidas (y los numerosos grupos locales que estas generan) es la raíz de la transformación del panorama del crimen organizado en Brasil.
Si bien este cambio se ha localizado en el estado de Amazonas, sus efectos no se han limitado a esa área geográfica en particular. Enfrentados a una intensa presión para crecer y competir, los grupos criminales brasileños han expandido sus operaciones por toda América Latina y más allá, como en Europa occidental, donde el mercado de drogas ayuda a financiar la competencia de los grupos en sus países.
El estado de Amazonas es un territorio atractivo para las organizaciones criminales de Brasil porque sus características únicas se prestan a la expansión criminal y al acceso a importantes segmentos del mercado ilícito. La lejanía de la región, combinada con la falta de instituciones estatales sólidas, presenta un entorno atractivo para la actividad criminal.
Por otro lado, ubicado entre los dos mayores proveedores de cocaína del mundo, Colombia y Perú, Ecuador ha sido durante mucho tiempo un centro de tránsito de cocaína debido a su geografía y seguridad laxa. Pero si Ecuador alguna vez fue una vía para la cocaína, ahora es una superautopista. Las autoridades ecuatorianas están incautando tanta cocaína que la están convirtiendo en hormigón, según Vice News.
En el mismo informe, Pablo Ramírez, jefe antinarcóticos de Ecuador, dijo:
Somos un país pequeño frente a grandes mafias que tienen enormes recursos financieros. Por otro lado, Ecuador tiene debilidades institucionales que permiten a estas organizaciones criminales aprovechar nuestra ubicación entre estos dos países. Estimo que el 45 por ciento de la cocaína producida en Colombia pasa ahora por Ecuador.
Como consecuencia de esa debilidad institucional, los cárteles mexicanos han desempeñado durante mucho tiempo un papel de apoyo en el tráfico de drogas en Ecuador, pero ahora son ellos los que toman las decisiones, financiando la producción de cocaína por parte de grupos guerrilleros colombianos, pagándoles para que la transporten a territorio ecuatoriano, y contratando a bandas ecuatorianas para mover la cocaína en puertos y barcos. Llenas de dinero y armas, las pandillas ecuatorianas están librando una guerra por poderes en nombre de los cárteles y luchando por el poder entre ellos, convirtiendo al país en los nuevos campos de exterminio de América Latina.
Lo anterior no es solo un fenómeno de estos dos países. Hemos visto como en El Salvador se hacen redadas para desmantelar esas bandas que controlan el narcotráfico y el trafico de migrantes en el país centroamericano, o en México, donde al menos operan 150 bandas de crimen organizado.
En Honduras y Guatemala, las maras siguen recibiendo a sus vecinos salvadoreños (huyendo de la persecución de Bukele), y fortaleciendo sus negocios ilícitos. En Colombia y Venezuela, se juntan las nuevas bandas criminales, post paramilitares, post FARC, con viejos conocidos como el ELN, donde todos se pelean por el territorio, para satisfacer los deseos de sus patrones mexicanos.
Desde el cono sur, el Observatorio Chileno sobre Drogas alertó sobre el ascenso de dos cárteles mexicanos (el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación) y un cartel colombiano (el Cartel del Golfo) en Chile. Los cárteles mexicanos también han aumentado sus operaciones en Argentina, Colombia, Perú y Ecuador, según Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad pública de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Así mismo, el Tren de Aragua (venezolano), una de las organizaciones criminales más peligrosas del continente, también hace presencia, según Insight Crime y Ximena Chong, fiscal jefe de Santiago.
Para IDEA, es importante destacar que el nexo entre el crimen organizado y la política es un problema global (no solo de América Latina). La corrupción política es una de las principales estrategias utilizadas por estas redes para llevar a cabo sus actividades económicas. Se descubren conexiones entre políticos y redes criminales en países con sistemas democráticos sólidos y estables, como es el caso en algunos Estados europeos (ver, por ejemplo, Villaveces-Izquierdo y Uribe Burcher 2013), así como en democracias frágiles. La diferencia es que, en este último, el crimen organizado es capaz de encontrar puntos más vulnerables para penetrar en la red, en el sistema político, y su impacto en la estabilidad del país es más profundo y duradero (Locke 2012; Cockayne 2011).
Por ende, si la violencia que está viviendo la región esta siendo alimentada por el narcotráfico y demás negocios ilegales transnacionales, es ridículo proponer medidas nacionales, sin coordinación internacional, sin compartir inteligencia, y aun más ridículo (incluso cínico), proponer una lucha contra el crimen sin tomar acciones concretas en contra de la corrupción (En Colombia, dineros ilegales en la campaña de Gustavo Petro?).
Si los gobiernos de izquierda y/o derecha no luchan contra la corrupción, que es por donde transita libremente el narcotráfico y la violencia, se convertirán en Estados cómplices de esas masacres, y asesinatos de candidatos presidenciales, como el caso de Fernando Villavicencio. Las conferencias internacionales deben incorporar temas de seguridad y lucha contra la corrupción.
Así, como hace dos semanas escribía sobre el vicioso sistema de las farmacéuticas en Estados Unidos, y su mecanismo para que las personas se conviertan en clientes, al convertirlos en adictos a sus medicamentos (que contienen opioides), los gobiernos latinoamericanos no quieren luchar de frente contra la corrupción, que desencadena en violencia contra su gente, porque estarían atacando socios claves para llegar al poder.
Al final, los anuncios grandilocuentes se convierten en una simple costosa marcha de cínicos.
