Recuerdo que en el momento en que Gustavo Petro anunció su candidatura a la Alcaldía Mayor de Bogotá se mostró bastante preocupado por la creciente inseguridad que se vivía por esos días en la capital del país, por lo que prometió la creación de un aparato de inteligencia que esté al servicio del alcalde, para poder combatir las mafias que indudablemente se encuentran detrás del robo a celulares y la venta de droga al menudeo.
Es claro que para ese entonces el hoy Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, supuso que llegar al cargo de burgomaestre de la capital del país, era como llegar a la Presidencia de la República de un país como Venezuela o Cuba, donde solo basta una orden del primer mandatario para que todo se haga realidad. La conocida soberbia que tanto le caracteriza no le permitió ver, que para gobernar una ciudad como Bogotá, era necesario no solo conocerla por dentro, sino también rodearse y trabajar en equipo.
Justamente trabajar en equipo es lo que no se ha podido en todo este tiempo en que va de la administración de Gustavo Petro, ni se podrá tampoco en lo que le falta para terminar, y una de las consecuencias de no ser capaz de integrarse laboralmente es la inseguridad en Bogotá, que crece sin que nada sea capaz de detenerla, entre otras por el evidente divorcio entre el alcalde mayor y la Policía Metropolitana.
Este evidente divorcio entre estas dos autoridades, ha hecho que no se ejecuten acciones articuladas entre la subsecretaria de Seguridad y Convivencia y la Policía de Bogotá, por esta razón cuando vemos en las noticias algún golpe a la criminalidad, como las tomas a la calle del Bronx, se puede notar que, o bien lo hace la una, o bien lo hace la otra, pero pocas veces se hacen de manera de conjunta. Ni siquiera se puede hablar de las incautaciones a los locales donde se venden celulares usados en la Avenida Jiménez, en la que Petro salió a poner la cara, muy a sabiendas de que esta acción se logra por una gestión que es judicial y que corresponde a la Fiscalía General de la Nación, y no a la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Es claro que Petro no tiene la culpa de que el conflicto armado se haya tomado a la ciudad comercialmente a través de la venta en gran cantidad de dosis mínima. Tampoco tiene la culpa de que el hampa haya encontrado en el robo a celulares un negocio rentable. Ambos problemas vienen sucediendo desde mucho tiempo atrás, pero no por esto, puede zafarse de su responsabilidad y buscar acciones conjuntas que permitan detener a la criminalidad en estos aspectos que preocupan a la ciudadanía y por los cuales se han dado casos de homicidios.
Si el Distrito, Fiscalía y Policía, trabajaran conjuntamente, hoy los bogotanos se verían más motivados a denunciar el robo de celulares por ejemplo. Pero estos muchas veces se limitan únicamente a reportar el robo ante el operador del móvil, quien a su vez reporta a la policía, pero no lo hace ante las autoridades judiciales y de investigación, por todos los trámites y desplazamientos que esto les acarrean. Por esto en 2013, aunque la policía registra un total de hurtos a personas de 25.227, la fiscalía tenía bajo su responsabilidad tan solo 6.960 hechos relacionados con este delito. Distintos sería, si se compartiera la información y existiera un sistema de información único de registro de actos delictivos entre estas instituciones.
Para colmo de males el robo a celulares o de una cartera no son considerados como delitos de alto impacto, lo que ha terminado por provocar que pequeños delincuentes terminen trabajando para grandes mafias del delito urbano, que son capturados un lunes y el siguiente martes son dejados en libertad, lo que provocó que estos pequeños delincuentes se multipliquen en cada localidad y barrio, conformando combos y grupos que atemorizan a los ciudadanos, no solo en las noches, sino también en el día, robando tiendas, pequeños supermercados, carteras, celulares, relojes, etc.
Lo anterior terminó por conformarle a su vez un desafío bastante alto a la justicia y al Congreso de la República, quienes deben pensar en la manera de darle inicio a un proyecto de Reforma a la Justicia, que no piense tanto en como juzgar a los altos funcionarios, sino en el beneficio del ciudadano, para que así se detenga judicialmente este problema, sin caer en el populismo pugnitivo. Pero obviamente, esto no se lo puede hacer, sin tener en cuenta la opinión y el trabajo de las administraciones en las ciudades principales, quienes a su vez se deben prestar para trabajar en conjunto, sobre todo la de Bogotá en cabeza de Gustavo Petro.
Como vemos entonces, el problema es complejo y si la administración distrital en realidad quiere ponerle fin a la inseguridad, debe trabajar en equipo, no solo con los que minuto a minuto alaban a Gustavo Petro, sino también con los altos mandos de la Policía, la Fiscalía General de la Nación, el ministerio de Justicia y los organismos de inteligencia, es decir en equipo, es decir, como no le gusta al Alcalde Mayor de Bogotá.
