Supongamos que nos llega el momento de aceptar que en la ciudad de Bogotá hay presencia de los grupos ilegales en Colombia. El pánico económico y social no se hará esperar, porque entonces todos pensarían que serán presa fácil de las Farc o del ELN y que en cualquier momento estos llegarían a sus casas o apartamentos con el ánimo de secuestrarlos.
La economía en la capital podría sufrir un duro revés a causa de un posible flujo de capitales y los izquierdistas que no son pocos, no pararían de denunciar amenazas y persecuciones en su contra por panfletos amenazantes firmados por miembros de las bacrim. En pocas palabras, el miedo se apoderaría de la ciudad.
Esto para empezar, porque las consecuencias de tal afirmación son muchas más. El tema es que no aceptarlo y de paso dar declaraciones contradictorias puede traer aún más problemas que beneficios, entre otras porque los bogotanos no sabríamos a qué atenernos.
Es claro que para las autoridades tanto distritales como nacionales, es muy complicado asumir un costo semejante, porque el primer reclamo que se les haría es por una posible ineptitud en el manejo del orden público, que pudo permitir que las mafias y la ilegalidad se enquistaran en Bogotá, pero aun así creo que a futuro no les va a ser posible seguir negando el hecho, en primer lugar porque sería ilógico pensar o decir por ejemplo, que en el municipio de Soacha pueden existir miembros de las bacrim, como lo ha asegurado en diferentes ocasiones el alcalde Petro, y negar el hecho en la capital, que queda a la vuelta de la esquina.
No se puede seguir cayendo en estas contradicciones, entre otras porque si en Soacha se encuentran algunos paramilitares desmovilizados que reincidieron en hechos delictivos, estos no van a actuar en esta zona únicamente, porque su mayor plaza comercial para vender drogas ilícitas y realizar todo tipo de actividades delincuenciales a través de combos o pandillas, ha de ser la ciudad, que es donde se mueven los grandes capitales. Por tanto no sé hasta dónde se pueda negar esta realidad como lo han hecho no solo el alcalde del municipio vecino Juan Carlos Nemocón y el gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz.
Estos, al igual que Gustavo Petro, parecen no prestar atención a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, quien ha hecho varios llamados para que le presten atención a los barrios ubicados en los extramuros de la ciudad, en este caso de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy, lo mismo que al sector de Cazucá en Soacha, sectores que por la cercanía que existe entre el uno y el otro, conforman una zona geográfica, donde según el ente de control, se han presentado amenazas a líderes sociales de la comunidad.
Tampoco tiene sentido negar que las Farc o el ELN hagan presencia en la ciudad, y se diga o se asegure en los corrillos en voz baja, que en las universidades públicas de Bogotá (Nacional, Pedagógica y Distrital) existan redes urbanas de estos grupos ilegales. ¿Se habrán preguntado cual es el sentido de crear estos grupos en la ciudad, especialmente al interior de las universidades?. ¿Únicamente dictar una cátedra fariana o elena en la clandestinidad?. ¿Lo ha pensado la ministra de Educación?, quien en su oficio como senadora denunció un video en el que se apreciaba a supuestos guerrilleros encapuchados al interior de la Universidad Distrital.
Como tampoco es coherente que se niegue el hecho y de paso se asegure o se afirme que los responsables de los últimos petardos que han estallado en Bogotá son las Farc o el ELN. A ver señores, no se supone que no existe la mínima presencia de estos grupos en la ciudad. ¿Cómo es que entonces son los culpables de estos hechos?.
Algo está fallando en Bogotá. O bien es la inteligencia militar o de policía que no han detectado la existencia de estos grupos en la capital, o las comunicaciones del alcalde con el ministro de Defensa, gobernador de Cundinamarca, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, inteligencia militar y Alcaldías de municipios vecinos, quienes parecieran no trabajar de manera conjunta el tema y salen cada uno a decir lo que mejor les parece.
Ya es hora de que exista una mayor coordinación en lo que respecta a este tema no solo entre el alcalde y el ministro de Defensa, sino además de parte del gobernador de Cundinamarca, el Defensor del Pueblo, director de la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, inteligencia militar y alcaldías de Cundinamarca, para que en conjunto se aborde el tema y se le aclare a la ciudadanía la presencia o no presencia de estas organizaciones en la ciudad y en la región vecina, y si no es cierto que estos se encuentren operando en la zona, se debe abordar un trabajo que prevenga y se evite que a futuro llegue a suceder.
