Hace dos décadas que los fiscales generales de los principales países de Europa y algunos jueces del vértice de la pirámide judicial del mismo continente se reunieron, debatieron y sacaron conclusiones a cerca de la supuesta imparcialidad, independencia y objetividad de la justicia de allí y concluyeron, en esencia, que los postulados fijados hace más de doscientos años por el pensador francés, el Barón de Montesquieu, convertidos luego en principios fundamentales de la jurisdicción del mundo atinentes a la separación de los poderes y el respeto y autonomía de ellos en el ejercicio de una democracia que entonces se predicaran y que hoy ingenuamente seguimos pensando que se cumplen.
Como podrá adivinar el paciente lector las ideas y debates terminaron apuntando a que lo escrito en las constituciones y repetido en las legislaciones sobre el desarrollo de la judicatura y magistratura exento de cualquier injerencia o presión de otros poderes, supone una auténtica farsa y un engaño monumental. Las consideraciones y tesis en tal sentido fueron recogidos por el escritor Denis Robert, en un texto con un título bastante decepcionante: La justicia o el caos.
Desde hace veinte años comenzó a gestarse y hoy es una verdad inocultable el fenómeno decepcionante pero irrebatible que la justicia en muchos países del mundo pasó a ser un poder manejado, manipulado e influenciado por algunos presidentes de algunas repúblicas y otros políticos de alto rango.
Italia, por esos tiempos, utilizó la justicia para pregonar una persecución frontal contra los corruptos, empresa y cometido que dieron en llamar los periodistas “Manos limpias”, tendiente a erradicar la corrupción desmedida en la bota itálica. Hoy, apenas uno de los objetivos de esa campaña moralizadora y jurídica ha logrado una condena contra Silvio Berlusconi, sin que el magante haya podido ingresar en prisión por los delitos cometidos. Francia, Suiza, España y Bélgica han seguido los mismos pasos y algunos funcionarios de segundo nivel han sido sancionados por actos de corrupción administrativa.
Colombia, ha tratado de imitar a los administradores de justicia de la Europa moderna y a nuestro juicio, en tal propósito, ha pasado al extremo de haber convertido el aparato judicial en el arma para combatir enemigos, sacar de la palestra a candidatos presidenciales, congresistas de bandos opuestos, esto es, la justicia acogió la peligrosa, arbitraria y nefasta teoría del derecho penal que combate el contrincante y ya no suele hablarse de la fórmula judicial inocente-culpable, sino amigo-enemigo. Tan deplorable método y repugnante proceder se inició con el llamado proceso 8000 y desde entonces la casi totalidad de fiscales generales que hemos tenido han utilizado ciertos procesos penales para acabar con carreras políticas, libertades ajenas y reputaciones de antes insignes padres de la patria.
Resulta por demás un despropósito institucional que casi todos los fiscales generales de nuestro país han terminado de embajadores en otros países, es decir, de dependientes y subalternos del Presidente de la República de turno, lo que prueba inexorablemente que la supuesta independencia e imparcialidad judicial constituyen el más grotesco y burdo pregón constitucional y procedimental. Gustavo de Greiff y Luis Camilo Osorio pasaron a ser parte de la nómina de la burocracia diplomática de Colombia en México; Alfonso Valdivieso en Washington; Mario Iguarán Arana en Egipto y ya se anuncia a Eduardo Montealegre como diplomático ante Alemania. Por su parte, Alfonso Gómez Méndez, se enquistó en el gobierno de Juan Manuel Santos como Ministro de Justicia. Unos y otros recibirán las prebendas burocráticas por sus cargos desempeñados y aparentemente para resguardarlos en su seguridad personal. Pero la verdad que se esconde detrás de cada nombramiento apunta más al pago por favoritismos judiciales denunciados por algunos medios de comunicación.
En estos últimos cuatro lustros han sido muchos los procesos jalonados o impulsados por un interés político y personal antes que por un fin noble de buscar la verdad procesal. Andrés Pastrana, presenta victoria del llamado proceso 8000, fue el denunciante de lo sucedido con la campaña presidencial de 1994. Cuando el ex presidente Alvaro Uribe Vélez sintió que el caso DMG podía enlodar a sus hijos, públicamente salió a solicitar encarcelamiento de David Murcia Guzmán y utilizó el gabinete para dictar leyes en contra de los captadores de dinero. Quienes ahora vociferan lo que es una verdad de a puño respecto a la utilización de la justicia por parte de los políticos en relación con el proceso del señor Santiago Uribe, no pueden olvidar lo acaecido a finales del 2008 con el jefe de la llamada pirámide de DMG.
Lo que le pasó al ex gobernador de Antioquia al ser desalojado de la lona a la candidatura presidencial de 2014 por motivos más políticos que jurídicos; lo padecido por el candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga y sus hombres cercanos a su campaña mediante la utilización del llamado hacker y lo sucedido con algunos políticos regionales inmersos en los procesos llamados de la parapolítica, dejan al descubierto la majestuosa farsa de la supuesta imparcialidad y autonomía de la justicia.
Y ni qué decir de los procesos en que se han visto vinculados los funcionarios de palacio en los períodos presidenciales del 2002 al 2010 por Agro ingreso seguro y la llamada yidis política, último de los cuales la mismísima supuesta víctima, la Corte Suprema, terminó investigando y fallando en contra de sus enemigos, interceptadores y detractores. Y podría citar otros casos, pero ya me haría fatigante.
Solo me resta recordar lo que los pulquérrimos y autorizados operadores de Europa dijeron cuando en Colombia empezaba a politizarse la justica: “¡De qué sirve un buen juez, un gran experto en actuaciones judiciales, si las reglas del juego están falseadas!”. (Renaud van Ruymbeke, Consejero de la Corte de Apelaciones de Rennes, Francia).
“Me cuesta creer que magistrados nombrados con criterios políticos o lingüísticos sean totalmente independientes”. (Benoit Dejemppe, fiscal del Rey de Bélgica).
“Siempre hubo muy fuertes presiones por parte del poder político para nombrar en rama magistrados que no tuvieran ganas de ir al fondo de las cosas”. (Edmondo Bruti Liberati, fiscal general del Tribunal de Apelaciones de Milán).
“Usted ve expresarse a los políticos sobre los problemas económicos, o hacer declaraciones sobre la independencia de la justicia …. Veo en ello una gigantesca hipocresía ……… “.
(Bernard Bertossa, fiscal general de Suiza).
¡Es necio pensar que en Colombia en este tema las cosas sean distintas a las de las potencias mundiales prenombradas!
