Ante la euforia y el optimismo de muchos políticos, juristas, contrincantes de la guerra civil y de muchos opinadores diversos frente al acuerdo de dejación de armas, pocos, muy pocos, recuerdan que entre lo acontecido en agosto 24 de 2016, fecha clave del final de las hostilidades entre los farianos y las fuerzas regulares del estado colombiano y fecha última de los acuerdos de La Habana, en agosto de 2006, hace exactamente una década, los principales líderes de las AUC eran objeto de un encarcelamiento por las mismas autoridades que los cuidada, pocos meses después trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, excepto Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, quien fue privado de la libertad en un barco situado en altamar y 21 meses más tarde extraditados masivamente a los Estados Unidos en la fatídica mañana del 13 de mayo de 2008.
Los vientos que soplaban aquel agosto de 2006 para quienes en su momento pactaron un acuerdo de paz con el gobierno de Alvaro Uribe Vélez, se desmovilizaron previamente, dejaron las armas y fueron declarados delincuentes políticos y por tanto no extraditables, fueron negativos y arrasaron con la credibilidad de un gobierno traidor y estamento judicial arrodillado que a través de su máxima autoridad judicial se reveló contra la ley cuando su función era aplicarla, que les daba el tratamiento de contrainsurgentes, por lo cual habrían de gozar de penas benignas si contaban la verdad y reparaban y no serían objeto de ser enviados a otras naciones para su juzgamiento por expreso mandato de la Constitución Política de 1991.
Mucha responsabilidad tuvieron en el debate jurídico los integrantes de las AUC, que ingenuamente y ante la carencia de experiencia militar y política, se desunieron y cometieron varios errores en el proceso de negociación que fue dirigido por un psiquiatra experto en el manejo de la conducta humana y que hizo de sus supuestos negociadores lo que le dictaba su jefe, el Primer Mandatario, y ellos, los jefes llamados paramilitares, que no pasaban de ser finqueros dedicados a comerciar coca o realizar actividades contrainsurgentes esporádicas, desprovistos de un grupo especial y capacitado de juristas de muchas disciplinas jurídicas y por ello terminaron pagando penas grandes en los Estados Unidos y sin la esperanza de haber sellado sus cuentas con la justicia colombiana. Por el contrario, los negociadores de las Farc en La Habana, curtidos en la guerra y maestros hábiles en desgastar a su enemigo político y militar, terminaron haciendo su agosto, por cuanto ellos, que están en su edad de prevejez y las cuentas bancarias en el exterior pletóricas de dólares para disfrutar sus últimos años de vida en el exterior con sus familias, mientras los guerrilleros desmovilizados se tendrán que contentar con unos auxilios estatales o unos oficios auspiciados por el erario público.
No creo que la cúpula de las Farc tenga la intención de lanzarse a la contienda política para obtener curules en las dos cámaras con miras a alcanzar el poder algún día por la vía de los votos el poder para la agrupación. Los mandos medios probablemente serán los llamados a ocupar estos escaños que con el transcurrir de los años se irán desgastando en la contienda electoral como le aconteció en su momento al M 19, que tuvo en sus inicios como grupo legal mucha fuerza hoy menguada ostensiblemente y arropada bajo el manto de un izquierda desunida en el que el Polo Democrático es tímidamente un partido sin cohesión ni fuerza opositora fuerte en el capitolio.
Así como la Corte Suprema de Justicia tuvo un protagonismo desbordante en los acuerdos de desmovilización y cese al fuego de las AUC, hasta el punto que la corporación fue la causante del fracaso de esta presunta negociación de paz con el paramilitarismo al declarar ilegal, inexequible o contrario a la Constitución la declaratoria de contrainsurgentes o sediciosos de la agrupación de las AUC y emitir conceptos favorables a la extradición de algunas cabezas de la organización criminal, selectica por demás por cuanto no todos los de la cúpula fueron objeto de la extradición y muchos de ellos gozan actualmente de libertad, en la negociación con las Farc carecen por completo de competencia, lo que es sano para la seguridad jurídica y su única participación en los acuerdos en La Habana se relaciona con las postulaciones de algunos miembros del Tribunal Especial para la Paz.
En buena hora ello ocurrió así y por tanto no caben las críticas de aquellos opositores a los acuerdos de Cuba en el sentido de considerar que la justicia ordinaria quedó excluída del juzgamiento de los actores del conflicto, pues bien sabido es que el derecho penal ordinario no es aplicable para los conflictos internos o guerras civiles y los tribunales ordinarios tampoco tienen jurisdicción y competencia en relación con los delitos cometidos en el fragor del combate. Los delitos de guerra, cuando no son amnistiables, son juzgados por tribunales ad hoc, especializados, sin que sea dable afirmar que con ello se subvierte el orden institucional.
No asiste duda alguna a este columnista que en aplicación del principio de igualdad consagrado en la Carta Política de 1991, en su preceptiva decimotercera, los desmovilizados de las AUC de hace una década, deben recibir el mismo tratamiento jurídico que los señores de las Farc, vía tutela u otro mecanismo legal y que la Corte Suprema de Justicia, tan desprestigiada por múltiples causas, debe ser objeto de revisión profunda a través de una constituyente que ha de convocarse en un tiempo futuro como consecuencia lógica del proceso del posconflicto. En eso acierta el dirigente de izquierda, Gustavo Petro, el columnista Ramiro Bejarano Guzmán y es lo que pareció sugerir el principal negociador de las Farc en La Habana.
