Aquellos hombres y mujeres, que por la misma época del ejemplo dado por este columnista de los empresarios italianos radicados en la Colombia de hace unas décadas, que se enrolaron en las filas de los grupos insurgentes existentes en varios países de nuestro continente, han tenido a nuestro juicio más éxito que quienes decidieron desarrollar actividades legales.
Muchos de ellos fueron en su juventud líderes que pretendieron derrocar los regímenes legales existentes en varias naciones de este hemisferio continental. Algunos lo lograron mediante las armas, otros por medio de la vía electoral. Unos llegaron a parar a la cárcel, otros más afortunados jamás pisaron una prisión. Uruguay, Nicaragua y Venezuela nos ofrecen varios ejemplos de hombres rebeldes en contra de regímenes legalmente constituidos que finalmente accedieron al poder en sus respectivos países.
Especial mención puede hacerse de los integrantes del movimiento M-19 de Colombia, cuyos integrantes y rebeldes, por la vía de la amnistía y el indulto, terminaron gobernando en Colombia en los últimos años. En los tiempos de la Constituyente del 91, esta agrupación, otrora guerrillera, tuvo especial participación en la redacción de nuestra actual Carta Política.
Todo parece indicar que por la vía de la negociación el grupo de las FARC va por el mismo camino, pues esa es la polémica central respecto de los diálogos llevados en La Habana entre los rebeldes y el gobierno colombiano. Cada vez que han intentado negociar un acuerdo de paz, los principales integrantes de las FARC han recibido un tratamiento cercano a hombres de Estado. El galimatías y el nudo gordiano del blindaje jurídico de los acuerdos para terminar el conflicto armado que no entendemos claramente ni siquiera los eruditos del derecho constitucional o penal, permite vislumbrar no obstante, que no es la prisión común, ni el castigo de un encierro lo que le espera a estos delincuentes, sino un escenario fruto de tranquilidad personal y disfrute de la enorme fortuna que seguramente tienen a buen recaudo en cuentas situadas en algunos paraísos fiscales. La vejez o el último tramo de las vidas de los dirigentes guerrilleros de las FARC parece que será muy distinta a la de algunos empresarios que decidieron trabajar con tesón y honradez, mientras aquellos asolaban ciudadanos y campos con sus actos de barbarie y contrarios al Derecho Internacional Humanitario.
Se da por descontado que una vez termine el conflicto armado entre Las FARC y el gobierno, una consecuencia económica favorable podrá celebrar el grupo guerrillero: su fortuna quedará inmune a cualquier persecución legal o que sea destinada a reparar a las víctimas.
Suecia, Noruega, Finlandia y otros países de la comunidad europea serán probablemente el lugar de residencia de quienes pasaron gran parte de sus vidas empuñando las armas contra el régimen legalmente constituido de Colombia.
Las nuevas generaciones infortunadamente verán con sorpresa que el mensaje directo habrá de interpretarse en el sentido que en América el delito paga y el hacer empresa conduce al descalabro. Muchos jóvenes percibirán en los años venideros que nuestro Estado y nuestros gobernantes dan mejor tratamiento a quienes viven en la ilegalidad que a los que se dedican a actividades enmarcadas dentro de la ley.
¡Pero la demagogia de nuestros politiqueros querrá vender la idea que la Colombia del postconflicto será un auténtico paraíso, lo cual constituye la mayor de las engañifas contra nuestro pueblo!
