Al cierre del presente periodo legislativo, al cual le quedan dos semanas, la Comisión Quinta del Senado de la República agendó mañana para primer debate el proyecto de ley por medio de la cual se prohíbe el fracking, la exploración y producción de los Yacimientos No Convencionales (YNC) de Hidrocarburos, se ordena la reformulación de la política de transición energética y se dictan otras disposiciones.

La iniciativa fue radicada por parlamentarios del Pacto Histórico, coalición de fuerzas de izquierda y alternativas que funge como partido de gobierno.

El gobierno del presidente Gustavo Petro, por intermedio de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunció que no entregará licencias para utilizar la técnica del fracking en la explotación de petróleo y gas por los posibles efectos sobre los recursos naturales, pues consiste en la inyección de agua a muy alta presión para fracturar la roca y lograr obtener estos energéticos.

Un reciente fallo del Consejo de Estado dejó viva la normatividad por la cual se puede hacer fracking en el país. Sin embargo, las empresas interesadas en llevarlo a cabo, porque garantizaría mayor productividad, se encuentran con la negativa del Gobierno.

En ese sentido la iniciativa de la bancada del oficialismo busca prohibir por una ley el uso del fracking, con el objeto de que con el cambio de gobierno no se dé marcha atrás.

El pasado 16 de septiembre se llevó a cabo la audiencia pública “No al fracking”, en la cual la senadora Esmeralda Hernández (Pacto Histórico), de la Comisión Quinta, socializó el proyecto de ley 114 de 2022.

“La postura del Gobierno es respaldar el proyecto, no queremos suspender fracking por 90 días, sino que se suspenda definitivamente, no podemos continuar en un marco de crisis climática mundial”, afirmó la senadora Hernández, ponente de la iniciativa.

Por su parte, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, destacó que “creemos que el fracking y los no convencionales no son un camino que acelere la transición energética, sino que la dilataría, tiene altos costos ambientales especialmente en el uso del suelo, en el uso del agua y riego no conocidos y difíciles de conocer solamente, como es el impacto en la muy compleja geología colombiana”.

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