Durante más de dos horas, alrededor de 150 personas provenientes de San Vicente y El Carmen de Chucurí recorrieron las calles de San Gil en una protesta pacífica que terminó frente a la sede principal de la Corporación Autónoma de Santander (CAS).
La travesía que inició en un recorrido en caravana de tres buses la noche del miércoles desde sus territorios para llegar a la capital turística de Santander, tenía como objetivo exigirle a Alexcevith Acosta Sánchez, director de la autoridad ambiental, la revocatoria de la licencia ambiental de extracción de carbón a cielo abierto autorizada a la empresa Colcco SA el pasado 22 de agosto.
El tercer interviniente en el proceso, el representante a la Cámara, Cristian Avendaño, quien acompañó la protesta y el encargado de interponer el derecho de reposición ante la entidad, cuestionó el papel de la CAS y la ‘dudosa’ forma en la que terminó otorgándose el visto bueno ambiental.
Una de las razones que ponen en entredicho la licencia autorizada en la resolución 574 es que hay 27 inconsistencias de impacto ambiental y lo más preocupante es que dentro de la entidad existen dos estudios ambientales que no coinciden, señaló Avendaño.
Según el Representante, al parecer favoreciendo intereses particulares, posiblemente la CAS avanzó en el licenciamiento ambiental.
“Lo que debería ser ideal es que los criterios técnicos estén por encima de los intereses políticos y particulares, pero históricamente no ha pasado en las corporaciones ambientales. Estas 27 inconsistencias dejan el proceso en el limbo, porque estamos hablando de una mina en la vereda Los Aljibes que tiene unas rondas hídricas estratégicas”, continuó Avendaño, recordando que las corporaciones ambientales como la CAS están para hacer cumplir la normatividad ambiental y proteger los ecosistemas.
Para ambientalistas como Mauricio Mesa, coordinador del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Corporación Compromiso, no se entiende cómo la autoridad ambiental aprueba la explotación de carbón a cielo abierto en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional los Yariguíes, que justamente está hecha para proteger este espacio natural y no para abrirle las puertas a la explotación.
“Si ponemos los mapas uno sobre otros les demostramos que estamos en lo correcto”, aseveró el defensor ambiental, quien además aseguró que se está generando una enorme afectación a una de las principales despensas agrícolas de Santander en donde el cacao, los cítricos y otros cultivos son la actividad principal de miles de familias.
Uno de las mayores denuncias a la CAS durante la jornada fue que la socialización del proyecto no se hizo con toda la comunidad. Uber Izaquita, presidente de las juntas de acción comunal de San Vicente de Chucurí, denunció justamente que en San Vicente de Chucurí no se hizo ninguna audiencia pública. “Se nos está haciendo un daño muy grande ambiental y agrícola”, sentenció el representante de la comunidad.
“Los que hizo la corporación fue una avasallada, le entregó nuestro territorio a una minera francesa y se supone que es una entidad ambientalista que debe proteger el medio ambiente (….) No consultaron, no hicieron audiencia pública en San Vicente, violaron nuestro principio de información, nos enteramos por un grupo de Whatsapp”, expresó Isnardo Vesga, habitante de San Vicente de Chucurí.
Al final, la comunidad exigía que les escucharán y que no se generará el deterioro ambiental de un territorio, con una licencia de la existe el riesgo se pueda extender a 30 hectáreas, según denunció Avendaño.
La respuesta de la CAS
La autoridad ambiental, que tiene bajo su jurisdicción a 74 municipios, empezó el día emitiendo un comunicado a la opinión pública insistiendo que los terrenos licenciados no hacen parte de las áreas incluidas en los Distritos Regionales de Manejo Integrado, DRMI.
En el documento se confirma que solo se hizo una audiencia pública en El Carmen de Chucurí y que aunque el título minero es de 1.949 hectáreas, 14,5 hectáreas fueron las aprobadas para la explotación a cielo abierto y 30 hectáreas de explotación subterránea no son protegidas ni hacen parte de forestal o DRMI Yariguíes.
Acosta Sánchez expresó que además del recurso de reposición a estudiar, la entidad deberá evaluar que la empresa licenciada cumpla con todos los requerimientos estipulados en la resolución.
Vanguardia.
Foto: Jorge Ríos/Vanguardia
