La Contraloría General de la República dio a conocer los resultados del estudio sectorial “Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas (2019-2024)”, el cual constituye un análisis técnico exhaustivo de la situación presupuestal, operativa y financiera de las 34 universidades públicas del país en donde se identifica una alta concentración de los recursos públicos en un reducido grupo de instituciones con mayor cobertura académica y de matrícula.

El documento hace referencia en particular, las universidades Nacional de Colombia (UNAL), Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Universidad de Antioquia (UdeA) y la del Valle (Univalle), que concentran el 48% de los ingresos del orden nacional y el 37% de los ingresos del orden territorial.

El análisis del gasto del sistema universitario público revela una alta concentración de los recursos en las instituciones de mayor tamaño. A nivel nacional, la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y la UNAD concentraron el 36,3% de los gastos y el 50% de los costos, mientras que, en el ámbito territorial, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle representaron el 36,4% de los gastos y el 44,4% de los costos. Este comportamiento confirma el peso financiero que asumen las universidades con mayor cobertura y responsabilidades misionales dentro del sistema.

En términos de solvencia financiera, el 75,8% de las instituciones de educación superior públicas presenta indicadores adecuados para respaldar sus obligaciones. Sin embargo, cerca de una cuarta parte registra niveles de solvencia bajos, lo que limita su margen de maniobra. Aunque el endeudamiento es reducido en varias universidades, el principal foco de riesgo estructural sigue siendo el pasivo pensional, que en 2024 alcanzó los $10,3 billones. Esta carga está altamente concentrada en la UNAL y la Universidad del Valle, que juntas representan el 57,8% del total, desviando recursos clave para docencia, infraestructura y expansión institucional.

La consulta realizada a 31 universidades públicas refuerza estos hallazgos y pone en evidencia problemas recurrentes como la insuficiencia de los aportes estatales, el crecimiento sostenido de los gastos de personal, la presión del pasivo pensional y las dificultades para aumentar los ingresos propios. Las instituciones coinciden en la urgencia de actualizar la Ley 30 de 1992, diversificar las fuentes de financiación y fortalecer la cooperación interinstitucional como estrategias para mejorar la sostenibilidad del sistema.

En este contexto, el impacto fiscal del Proyecto de Ley 212 de 2024, que reforma la Ley 30 y está pendiente de sanción presidencial, genera estimaciones divergentes. Mientras el Ministerio de Educación calcula un costo de $22,1 billones hasta 2040, la Contraloría eleva la cifra a $27,8 billones en un horizonte más corto. Aunque el proyecto es valorado positivamente por avanzar hacia la gratuidad y una mayor inversión en educación superior, el estudio advierte que cualquier incremento debe estar respaldado por fuentes de financiación claras y sostenibles, en un sistema que aún enfrenta profundas desigualdades y presiones financieras estructurales.

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