La política fiscal es una disciplina de la política económica que se encarga de fijar la regulación del gasto público, esto es, el ingreso y el egreso de un Estado según su presupuesto. Pero, para hablar de política fiscal primero debemos dar una breve concepción sobre qué es una política económica. La política económica es el conjunto de medidas, acciones y decisiones administrativas, que asume cada gobierno dentro de un ámbito específico de la economía.
Es así como comprendemos que las políticas fiscales están íntimamente ligadas con la política económica que traza un Estado, sin ser excluyentes entre sí. Luego, las políticas fiscales se dividen en dos: política fiscal expansiva y política fiscal contractiva. Ambas tienen sus beneficios y pormenores.
La política fiscal expansiva propende por un aumento del gasto público y una disminución en los impuestos o una combinación de ambas. Lo cual puede ser negativo porque un Estado que se limita a gastar sin generar un equilibrio proporcionado con el recaudo, incurre fácilmente en la quiebra.
Cuando se gasta irresponsablemente sin percibir ingresos, el resultado se traduce en el colapso económico-productivo. Y ello es generador de una inflación enorme, plenamente nociva para los ciudadanos. Por otra parte, no sería factible garantizar, mínimamente, los derechos sociales indispensables para la humanidad, puesto que careciendo de un ingreso público apropiado y atendiendo las reglas de la lógica económica, ni la salud, educación, vivienda o recreación podrían financiarse a fin de satisfacer las necesidades de las personas.
Empero, la política fiscal contractiva es la antítesis de la anterior, dado que propende por la disminución del gasto público y el incremento de los impuestos. Lo cual también es negativo, pero en dimensiones mayúsculas porque, el Estado no puede ni debe asfixiar a los ciudadanos con una carga tributaria encumbrada. No es proporcional que se disminuya el gasto público para subir impuestos a los pequeños y medianos empresarios, a la clase media, y, a los menos favorecidos.
Esto paraliza la calidad de vida, el emprendimiento, la rentabilidad y productividad de las empresas, la libre inversión y la generación de empleo, toda vez que se trata de una medida que golpea fuertemente a todos los sectores del Estado.
Para el desarrollo armónico de algún país consideramos inconveniente aplicar una política u otra- expansiva o contractiva- de manera exclusiva, porque, observamos que ambas pueden ser nocivas para la democracia. No obstante, sí es idóneo y factible echar mano de ambas conjuntamente, para que confluyan los aspectos positivos.
¿Cómo lograrlo? En primer lugar, debe generarse un equilibrio racional entre el gasto público y los impuestos, de manera que los recursos invertidos para expansión de la política social sean consonantes con lo recaudado.
En segundo lugar, deben priorizarse las necesidades esenciales de los ciudadanos, a fin de asignar mayores recursos para funcionamiento y cobertura de programas sociales, garantizando satisfacción, amparo, bienestar, y protección.
En tercer lugar, debe fortalecerse la labor de la Dian para que las empresas de mayor poder adquisitivo paguen los impuestos que les corresponde, sin hacerle el esguince a la norma. Es vital eliminar exenciones tributarias innecesarias a fin de mejorar el recaudo necesario para el desarrollo de derechos sociales como salud, vivienda, y educación.
En cuarto lugar, deben eliminarse entidades innecesarias del Estado a fin de disminuir gastos de funcionamiento. La liberación de aquellos recursos permitirá la consolidación de la política social.
