Todos los días los contratistas pequeños y medianos, ingenieros en el caso de las obras que requieren las diversas entidades del Estado, de cualquier orden, se quejan de que no se pueden presentar a procesos en los cuales saben de antemano que no podrían ganar, bien porque los pliegos están orientados a un único proponente que cumple requisitos muy específicos o porque hay que participar en un mecanismo sórdido de corrupción para poder tener algún chance. Esto no es nuevo, pero sí mucho mas generalizado. Y así, o se vuelven corruptos, o tendrán que morir como empresarios. Los síntomas de la corrupción, porque es difícil medirla con certeza por obvias razones, son entre otros, las licitaciones que terminan siendo adjudicadas a un solo proponente, los procesos que se salen de la selección prevista en la Ley 80 y toman los caminos alternos usando entidades que pueden aplicar procedimientos privados, y no se diga de la cantidad de obras inconclusas, terminadas con defectos, con menor vida útil que la esperable, los elefantes blancos, o proyectos que terminaron con enredos jurídicos. Es presumible que en todos estos casos haya habido algo chueco, como decimos coloquialmente.
La corrupción en la contratación estatal tiene doble efecto negativo para el país. De entrada, se rompen las reglas de juego que un país democrático, libre y de abierta competencia de mercados debería tener, dejando por fuera a la mayoría de los potenciales oferentes (en este caso ingenieros contratistas, pero que sucede igual en todos los frentes: salud, educación, etc.), sino que también deja obras mal hechas, obras que no sirven y no se usan (elefantes blancos) y pleitos enormes e interminables para el Estado. Es decir, en vez de avanzar en el buen desarrollo de la infraestructura (pequeña y grande) estamos todos los días retrocediendo y ahondando nuestro subdesarrollo, pobreza y malas condiciones de vida, permitiendo eso sí, que unos pocos, los corruptos, acumulen riquezas ilícitas a costillas de los demás colombianos. La corrupción no solo nos roba los recursos monetarios, ¡no!; principalmente nos roba la esperanza de prosperidad a todos. Esto es gravísimo y un mal tan avanzado, que cada vez es más difícil de combatir por su nivel de generalización, sofisticación y de ausencia de verdadera justicia que lo frene.
Para ilustrar la situación debidamente es necesario explicar que hay un marco legal para la contratación con recursos públicos que es la Ley 80 de 1993, que pretende establecer procedimientos que eviten la posibilidad de corrupción en la contratación de las entidades del Estado (nacionales, regionales, departamentales, municipales, descentralizadas, todas). Pero en la práctica, el buen propósito que persigue este estatuto de hacer una justa selección entre múltiples posibles oferentes en cada caso, se ha embolatado a través de los regímenes especiales que permiten contratación directa (“a dedo” como se le conoce, sin el cuidadoso proceso de selección) y los convenios interadministrativos con entidades de economía mixta y universidades principalmente.
El mal está tan avanzado que los expertos en contratación expresan que la aplicación de la Ley 80 es solo residual hoy en día. Hay que decir que no necesariamente por usar estos mecanismos alternos, previstos en la misma ley, se pueda decir que hay corrupción; seguramente habrá casos decorosos que así lo demuestren. Pero en el grueso de su aplicación, lo que permiten estos mecanismos es saltarse la selección justa y poder asignar los contratos a contratistas preasignados con quienes el responsable de la contratación ya tenía un acuerdo previamente. Es decir, facilitan la corrupción, enmascarando las reglas legales.
Los ejemplos son innumerables. Desde hace meses, los gremios de la ingeniería, la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Cámara Colombiana de la Infraestructura, y ahora la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, han levantado su voz con el caso de Edubar, que es aberrante e ilustra perfectamente la sintomatología descrita: una contratación de 162 mil millones, para pequeñas obras en parques y espacios públicos en todo el departamento, es decir, muy apropiados para que la pequeña ingeniería en condiciones de justa competencia pueda irrigar estos cuantiosos recursos a muchísimos ingenieros y trabajadores (muy importante por las necesidades de reactivación económica por la pandemia), que la gobernación del Atlántico ha debido hacer directamente, y que alegó que administrar muchos pequeños contratos era muy costoso, pero eso sí le ha pagado a Edubar mas de 5 mil millones de pesos para que administre un proceso de selección en el cual sólo hubo un único oferente que por supuesto se ganó la licitación. Edubar es una sociedad de economía mixta en la cual participan el departamento, la ciudad de Barranquilla y algunos privados, cumpliendo las condiciones que deja la ley, mal hecha, para que este tipo de resultados puedan suceder, en los cuales no hay ni justificación ni trasparencia, aunque los abogados si lo logren enmarcar en un proceso legal.
Como Edubar hay cientos de figuras en el país: EDU Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín, Puerta de Oro de Barranquilla, Promueve más Caldas, ASOMURA Asociación de municipios de Urabá, ENDULCE Empresa de Desarrollo Urbano de La Ceja, Agencia de Desarrollo Local de Itaguí, Asociación de Municipios Solidarios y Sostenibles AMUSSIM (que opera en Puerto Libertador Córdoba), Unidos Caucasia, y en el SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación Pública, hoy en CCE Colombia Compra Eficiente) figuran gran cantidad de Asociaciones de Municipios que pueden usarse de la misma manera. Pero no para ahí, porque incluye la contratación con Universidades, que tienen sus propias reglas de contratación, así como importantes y muy activas entidades como Findeter, EnTerritorio, DPS Departamento de Prosperidad Social, Fondo de Adaptación y la Unidad de Gestión de Riesgos. El listado es enorme y el alcance en la contratación con recursos públicos que pueden tener es aún mayor. Es una paradoja: estos mecanismos permiten que la contratación con recursos públicos se convierta en contratación privada, y que gobernantes que fueron elegidos para que, entre otras cosas, llevaran a cabo la cuidadosa contratación de los recursos públicos para el beneficio general, puedan ceder esta responsabilidad enorme, en unas figuras de contratación que normalmente no tienen ni la capacidad ni la experiencia requerida que tendría la misma entidad oficial. Hasta el Invías, que había sido un oasis de trasparencia en su contratación, ha sucumbido, contratando recientemente a Puerta de Oro de Barranquilla, usando así un mecanismo que se sabe puede albergar pasos no trasparentes.
La ley previó los mecanismos para tener una vía expedita cuando por alguna emergencia o necesidad de celeridad, como enfrentar un fenómeno natural que se tornó en desastre, o en el caso del desarrollo urbano en el que se necesite comprar rápidamente unos terrenos antes que unos privados especuladores lo hicieran impidiendo el beneficio general de un plan para una ciudad o región, las entidades estuvieran dotadas de vías legales para actuar acertadamente aún con la presión de tiempo enfrentada. Pero claro, en medio de la buena intención se creó una pequeña fisura que hoy en día es una enorme brecha que puede explicar la mayoría de la contratación del Estado. Quedó mal hecha la ley y podría estar permitiendo la corrupción en masa.
No todo para ahí. Las entidades que siguen sus procesos por el camino que debiera recorrerse, la Ley 80, hace tiempo aprendieron a imponer sus condiciones cumpliendo el marco legal, y asignar el contrato al contratista elegido previamente a través de condiciones amañadas del pliego de licitación; a esto se le ha llamado “pliego sastre” porque es a la medida, como lo han denunciado miles de veces los gremios y que incluso, muchos sonoros casos han sido de conocimiento público. Para contrarrestar esto sirve el avance que logró en estos dos últimos años CCE con los pliegos tipo (permanentemente seguida, apoyada y hasta luchada con los gremios de la ingeniería), que intenta frenar tales condiciones, pero que aún los corruptos logran evadir a través de asuntos tan específicos como requerir en la experiencia, por ejemplo, múltiples códigos de Naciones Unidas para que los potenciales oferentes no puedan presentarse por no tener inscritos sus contratos en esos códigos (aunque está prohibido en las guías de Colombia Compra Eficiente, pero es una práctica común), o la exigencia de haber hecho contratos con cantidades e ítems precisos, o la exigencia de indicadores financieros que no responden a la realidad del sector pero que sí cumple el contratista elegido previamente.
Cuando se pregunta en general qué se debería hacer para combatir la corrupción, la enorme mayoría de respuestas apuntan a que la gente que actúa en la contratación (contratantes y contratistas) sean honrados. Es cierto pero está del lado de la utopía. Siempre será bienvenido y considerado un verdadero tesoro, un gobernante, que además de ser honrado haga que su administración sea honrada. Pero los casos son escasísimos.
Lo que nos queda en el país es arreglar el marco legal en cada caso, para que la ley no permita la trampa (para arreglar la frase común al respecto). La Ley 80 hay que arreglarla para que no puedan llevarse a cabo procesos de contratación por fuera de la selección debida que definitivamente no correspondan a verdaderos casos de excepción (urgencia), y endurecer las penas para todo aquel que se salte los procedimientos de selección que evitan la corrupción (o al menos la dificulten en grado extremo). Quien roba recursos públicos para sí o interpuestas personas debe ser considerado en el mayor grado de peligrosidad para la sociedad y como tal, ser castigado.
Esto pasa por el Congreso, lo que por experiencias pasadas como los pliegos tipo puede ser tortuoso, e implicará la presión permanente de los gremios de la ingeniería y demás involucrados, que deberán ser fuertemente respaldados por sus profesionales integrantes, para lograr que se reforme lo requerido. Entre las reformas debe incluirse la necesidad de atender debidamente el ciclo de maduración de los proyectos, porque actualmente de allí parten posibilidades de corrupción y errores finales, al no tener completamente definidos los proyectos en el momento de contratar su ejecución, lo que genera posteriores necesidades de cambios, alargues, agrandes, sirviendo en bandeja la posibilidad de establecer otras reglas de juego diferentes a las estrictas que debieran manejarse en la contratación con dineros públicos.
Pero hay que visualizar cambios aguas más arriba, como se dice en materia de ingeniería hídrica. Mientras que los mandatarios sean elegidos contando con la financiación de las grandes mafias de la contratación que se han ido formando y perfeccionando desde hace décadas, especialmente después de la Constitución del 91, la presión por la corrupción en todos los órdenes del Estado será inmensa. Los políticos, ojalá con buenas intenciones, deben lanzarse a conquistar las voluntades de los ciudadanos, contando únicamente con razonables presupuestos asignados y controlados con recursos del Estado. Todo lo diferente, apunta a lo que he llamado en anteriores artículos, la corrupción mayor, pero que es legal, en donde la financiación del poder político se hace por parte del poder económico. Ni se diga cuando tal financiación es ilegal, como parece ser que sucede hasta en la elección de los alcaldes de pequeños municipios con la compra de votos.
También hay que terminar de ajustar los pliegos tipo para cerrar aún más las fisuras por las que se cuelan los corruptos, en donde, como grupos de interés la SCI y la CCI en cuanto a sectores de ingeniería se refiere, tendrán que seguir empleándose a fondo hasta lograr lo justo. Hay que llegar a la tipificación de requisitos admisibles por tipo de obra, y la estandarización de precios unitarios también por tipo de obra (en obras sin complejidad reconocida). Con proyectos bien definidos (cantidades de obra claras), requisitos razonables que no se puedan manipular, y precios unitarios establecidos, será mucho más difícil que los corruptos puedan salirse con la suya impunes.
Por el lado profesional, los ingenieros deberían dejar de ser una masa generalmente pasiva en torno a los que trasgreden el código de ética profesional. Quien participe o se preste para actos corruptos, de la especie que sean y del tamaño que sean, deberían ser excluidos del ejercicio profesional cancelando para siempre su matrícula profesional. Claro, con las complicaciones jurídicas que caracterizan a un país subdesarrollado como el nuestro, esto no es tan fácil de implementar a través del consejo profesional respectivo (como el COPNIA en el caso de los ingenieros civiles), pero como mínimo debería ser la directriz cada vez que exista un fallo judicial que lo respalde. Pero eso sí, los procesos deberían abrirse con base en las denuncias de los mismos ingenieros para que sean investigados los presuntos corruptos y si es posible, fallados en el seno del consejo profesional (lo mismo en todas las profesiones). Es una respuesta civil a un problema generalizado que no ha sido capaz de manejar el Estado a través de sus instituciones, pero que es un recurso valioso, que no se percibe como tal, quizás porque en últimas ya hemos perdido la esperanza frente a este monstruo. Hay que volvernos a armar de coraje, y apoyar a nuestros gremios para que sigan haciendo lo debido con mayor fuerza, y a que cada profesional denuncie los actos ilícitos que cometan inmerecidos colegas que caen en o permiten prácticas corruptas. No hay alternativa.
@refonsecaz – Ingeniero, Consultor en Competitividad.
