El ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, ha informado de que el Ejército será desplegado la próxima semana en la región de la Amazonia brasileña para luchar contra la extracción ilegal de oro, que tanto vienen denunciando las comunidades indígenas por los estragos que ocasiones a sus ecosistemas y formas de vida.

«Sabemos que el origen es la extracción ilegal de oro, está muy presente y será desmantelada. Vamos a enfrentarnos a ello y cortarlo de raíz», ha prometido el ministro de Defensa en una entrevista para la cadena de televisión Bandnews.

Múcio ha precisado que las operaciones de control aéreo han comenzado ya esta semana y que se han utilizado para ello cazas de combate. «Cualquier vuelo sospechoso será desviado y tendrá que aterrizar para ser identificado», ha dicho.

Esta semana, las autoridades brasileñas han asestado el primer golpe a la minería ilegal en tierras protegidas tras requisar decenas de aeronaves utilizadas para estas actividades, que la comunidad yanomami viene denunciando como principal razón de la crisis humanitaria que padecen desde hace años, en especial durante el mandato de Jair Bolsonaro, a quien acusan de promover estas irregularidades.

En las últimas semanas, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva viene prometiendo más y mejores medidas para atajar este problema. Por lo pronto, ha ratificado un plan de ampliación de nuevas tierras protegidas para estas comunidades, que a falta de la rúbrica del jefe del Estado, había permanecido olvidado por Jair Bolsonaro a pesar de estar listo para ser aplicado.

La pasada semana, en el marco de una visita del presidente Luiz Inácio Lula da Silva al sur del estado de Roraima, en la Amazonia brasileña, el Ministerio de Salud declaró la emergencia sanitaria en la región tras comprobar el estado en el que se encontraba la comunidad yanomami.

Uno de los principales responsables de esta situación, coinciden desde el Gobierno, ha sido el estímulo y la defensa que se habría ofrecido a los extractores ilegales de oro y otras piedras preciosas, los garimpeiros, quienes invaden y contaminan las tierras de estas comunidades ejerciendo violencia contra ellas.

Por ello, las autoridades han iniciado una investigación sobre la posible omisión de funciones dentro del seno del anterior gobierno, al que también se reprochó el abandonó al que relegó a estas comunidades durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus.

El nuevo Ministerio de los Pueblos Indígenas ha informado de que un centenar de niños de entre 1 y cuatro años de la comunidad yanomami murieron por desnutrición, neumonías y diarreas como consecuencia del avance de la minería ilegal, responsable de la contaminación de ríos y campos de los que vive esta comunidad. También se ha denunciado un aumento grave de los casos de malaria en el último año.