La Policía Federal (PF) de Brasil ha abierto una investigación contra el presidente, Jair Bolsonaro, por su supuesta relación con las ‘milicias digitales’ responsables de los ataques informáticos a varias instituciones públicas, entre ellas el Tribunal Superior Electoral (TSE).
La investigación se ha puesto en marcha después de que el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes autorizara compartir pruebas obtenidas en otras causas abiertas contra Bolsonaro, que con ésta son ya siete, entre ellas una por supuesta injerencia dentro de la PF, otra por prevaricación en la compra de vacunas contra el coronavirus, además de por difusión de noticias falsas.
De acuerdo con estas investigaciones, las conocidas como ‘milicias digitales’ habrían actuado de manera sistemática en favor de Bolsonaro difundiendo información falsa y arremetiendo contra las instituciones del Estado, como al cuestionar el sistema electoral brasileño y las urnas electrónicas, contra las que éste ya inició una cruzada en los últimos meses y tras figurar por detrás del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en los sondeos de intención de voto.
En esta ocasión, la Policía ha tomado como ejemplo otra de las causas que arrastra Bolsonaro, aquella en la que fue señalado por difundir a través de redes sociales información confidencial de una investigación para poner en duda la solidez del TSE y dar así alas a dichas milicias para difundir información falsa, cuenta el diario ‘O Globo’.
Ya en la ceremonia de apertura del TSE de la semana pasada, el presidente del organismo, el juez Luís Roberto Barroso, dejó caer una vez más la supuesta similitud entre el modo de hacer de estas milicias y el de Bolsonaro, quien habría “auxiliado” a los piratas informáticos revelando no ya solo información clasificada, sino también alentándoles para que atacasen sus equipos.
El pasado 4 de agosto, durante una de sus intervenciones semanales a través de redes sociales, Bolsonaro reveló de manera íntegra el contenido de la investigación de la PF sobre un ataque informático a los sistemas del TSE. A pesar de que no supuso riesgo para el buen funcionamiento de las elecciones de 2018, utilizó dicho caso para poner en cuestión el sistema electoral y las urnas electrónicas.
