A partir de esta semana está previsto que el nuevo Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ponga en marcha la prometida macrooperación contra la minería ilegal en la Amazonía brasileña, con la que se busca expulsar a más de 20.000 personas que se dedican a la extracción de oro y otros materiales preciosos en la reserva protegida de la comunidad indígena yanomami.
El plan inicial cuenta con una primera dotación de 500 efectivos de diversas fuerzas del orden, entre ellas Policía, Ejército y Marina, así como con la puesta en marcha de un cerco logístico con el que se pretende asfixiar económicamente a estos grupos antes de tener que recurrir a la violencia.
Así, el Gobierno confía en que todas estas persona vayan abandonando la región a medida que sus instalaciones y logística son desmanteladas. Los primeros ‘garimpeiros’ (extractores ilegales) en salir “espontáneamente” lo hicieron este fin de semana, según ha contado el Gobierno de Roraima.
A su vez, está previsto que este miércoles viaje a la región el ministro de Defensa, José Múcio, junto al resto de altos mandos de las Fuerzas Armadas para representar el inicio de las operaciones, las cuales están previstas que se prolonguen al menos durante los próximos dos meses, cuenta el diario ‘O Globo’.
Ante la alarma generada por la crisis humanitaria que desde hace años vienen padeciendo el pueblo yanomami –el mayor de los pueblos indígenas en Brasil– las nuevas autoridades iniciaron un plan de choque que consistió en decretar la emergencia sanitaria en estas comunidades e iniciar la primeras medidas contra la minería ilegal, a la que se responsabiliza de la mala situación.
La semana pasada, las primeras aeronaves que se utilizan para este tipo de operaciones ilegales fueron requisadas por la Fuerza Aérea Brasileña, que podrá derribar cualquier vehículo aéreo que no responda a las órdenes de advertencia de para su identificación. Al ser una región de difícil acceso, los ‘garimpeiros’ recurren a avionetas y helicópteros para acceder a ella.
El Ministerio de los Pueblos Indígenas informó a finales de enero que un centenar de niños de entre 1 y cuatro años de la comunidad yanomami murieron por desnutrición, neumonías y diarreas como consecuencia del avance de la minería ilegal, responsable de la contaminación de ríos y campos de los que vive esta comunidad. También se ha denunciado un aumento grave de los casos de malaria en el último año.
