La de este lunes está llamada a ser una nueva jornada de movilizaciones opositoras en Cuba, poco más de dos meses después de las mayores protestas de los últimos años en la isla. La oposición ha denunciado un aumento de la represión por parte del Gobierno, que a su vez ha cuestionado la supuesta instrumentalización política de las marchas y el papel en la sombra que tendría Estados Unidos.
La protesta estaba convocada inicialmente para el 20 de noviembre, pero los promotores, aglutinados en el movimiento Archipiélago, decidieron adelantarla cinco días después de que las autoridades anunciasen en los días previos a la manifestación una serie de maniobras militares –rutinarias, según el Gobierno–.
Entre las reivindicaciones que aspiran a exponer en las calles figuran reclamaciones en pro de la liberación de los “presos políticos”, el arranque de un diálogo que permita resolver la “crisis política, económica y social” y críticas contra la violencia atribuida al Gobierno en las protestas de julio.
Sin embargo, Archipiélago se topó con el ‘no’ de las autoridades. El Consejo de Administración de la Habana Vieja respondió a la solicitud con una negativa, alegando que los promotores tienen lazos con Estados Unidos y “la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba”, según la nota difundida por la prensa oficial.
Los convocantes, sin embargo, decidieron mantener su ‘Marcha Cívica por el Cambio’ para hacer frente al “autoritarismo”. En este sentido, llaman a la población a sumarse a las concentraciones, no solo con marchas por las calles sino también con gestos simbólicos como una cacelorada convocada a las 20.00 (hora local).
Uno de los principales promotores de las movilizaciones, el dramaturgo Yunior García, ha adelantado en sus redes sociales que este domingo marchará “en solitario” y “en silencio” hasta el malecón de La Habana, con una rosa blanca, para simbolizar el descontento social y el recrudecimiento de las medidas represivas. A quienes quieran salir el lunes, les ha pedido que antepongan su “integridad física”.
Archipiélago ha denunciado presiones a sus miembros durante estas últimas semanas, incluidas citaciones ante las oficinas de la Fiscalía en las provincias donde se ha planteado convocar la manifestación. El movimiento ha advertido de que el “rostro dictatorial” del Gobierno se ha traducido en interrogatorios, amenazas y “hasta expulsiones laborales”.
El Ejecutivo de Miguel Díaz-Canel, entretanto, ha defendido su veto frente a la “provocación contrarrevolucionaria” que se avecina, como la ha descrito esta misma semana el propio presidente. En este sentido, durante semanas y de forma pública, las autoridades cubanas se han esforzado tanto por justificar el rechazo a la manifestación como por alertar de los supuestos intereses ocultos.
Para el Ministerio de Exteriores cubano, quienes buscaron “el fracaso del socialismo” con las protestas del 11 de julio “andan frustrados y apurados en sus planes”, por lo que conspiran con “acciones desestabilizadoras” con vistas a “provocar el incidente que desemboque en el estallido social que propicie la anhelada intervención militar”.
El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, advirtió el miércoles a Estados Unidos de que no permitirá la “agresión persistente” contra la isla ni sus “intentos de alterar la tranquilidad ciudadana y dañar la paz social”. Para el canciller, se trata de una “agresión” organizada “desde el exterior” y en la que se emplean “agentes internos”.
La Habana mira hacia Washington, al que ve como instigador último de estos nuevos desafíos. Considera probado que hay vínculos de los convocantes con Estados Unidos y que está en juego la supervivencia de la ‘revolución’ iniciada por Fidel Castro, en un momento en el que las autoridades cubanas reconocen que la isla atraviesa dificultades económicas.
La eliminación de la dualidad de divisas y la escasez de productos, agudizada por las restricciones para contener la pandemia de COVID-19, han contribuido a que la inflación se dispare. Los precios en el mercado informal se han disparado en diez meses un 6.900 por ciento, como ha reconocido el Gobierno.
Las secuelas de julio
El temor generalizado es que se repitan hechos como los del 11 de julio, un punto de inflexión en la escalada represiva a ojo de la oposición. Las autoridades cubanas informaron el 19 de agosto de que 67 personas habían sido condenadas por su implicación en las citadas protestas, en su mayoría con penas de entre diez meses y un año de cárcel.
Sin embargo, la organización Cubalex ha cifrado en más de mil las personas detenidas, de las cuales alrededor de medio millar seguirían entre rejas. Por su parte, Human Rights Watch (HRW) denunció en un reciente informe que hubo 130 víctimas de detenciones arbitrarias, malos tratos y procesos penales abusivos, mientras que al menos un manifestante perdió la vida.
Entre los abusos detectados por los investigadores de HRW destacan privaciones de sueño, palizas, aislamientos sin luz natural o amenazas de represalias contra familiares. La ONG también ha denunciado interrogatorios abusivos, cargados igualmente de todo tipo de amenazas y presiones.
Los incidentes de julio derivaron también en críticas por parte de la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza. Un portavoz del Departamento de Estado norteamericano ha defendido en declaraciones a Europa Press el derecho de los cubanos a reclamar sus derechos en la calle, también para criticar “los fallos del régimen cubano a la hora de cubrir las necesidades de la población”.
Washington espera que las autoridades cubanos respeten a los manifestantes e incluso le ha instado a aprovechar la “oportunidad” para “escuchar” lo que tengan que decir, como contraposición a la “represión violencia” y las “detenciones injustas” con las que respondió a las movilizaciones de julio.
La Unión Europea ha optado por una posición más cauta, a la espera de lo que pueda ocurrir este lunes, al igual que el Gobierno español. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defiende que España trata temas de Derechos Humanos en su diálogo con Cuba y se retrotrae a julio, cuando reclamó “la libertad de manifestación y la liberación de periodistas detenidos”.
