De la Operación Condor al reconocimiento originario

Este domingo arranca la Convención Constitucional que tiene la misión de redactar una nueva carta magna para Chile. Los 155 integrantes se reúnen para su primera sesión a las 10 de la mañana (hora local) en el edificio del Congreso Nacional en la capital, Santiago. Y antes que nada se elegirá a un presidente y a un vicepresidente que liderarán el proceso. (BBC, Mayo 2021)

Este era el titular de la prensa durante mayo, cuando comenzaba la Asamblea Constituyente en Chile, la cual marcaba la defunción de la constitución de 1980, que fue hecha durante la dictadura de Augusto Pinochet, y cuyo eje era:

Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

Seguridad, protección y familia son conceptos claves para entender el diseño institucional que tuvo Chile durante 40 años, que fue la causa del estallido social, y razón de este importante giro en la carta magna.

En la práctica, esta constitución llevó a la creación de un modelo restringido, donde un grupo minoritario ejercía el poder y se lucraba de ese sistema. Esto conllevó a un sistema jerárquico, que desconectaba a la ciudadanía del poder político, debido a la ausencia de mecanismos de participación. Es decir, no existía manera de influir en las decisiones de los gobernantes.

Existen poblaciones (pueblos originarios) que durante mucho tiempo fueron acalladas, con la justificación de preservar la seguridad nacional. Fueron privadas de incidir en sus territorios y aun peor, fueron víctimas de la exclusión de bienes tan vitales como el agua.

La constitución de 1980 permitía la privatización del agua. El modelo de privatización y énfasis en el uso extractivo, conocido como “mercado de aguas” (Budds, 2018), es conocido como el Mercado Medioambiental. La consagración de esta visión pasa específicamente por el inciso final del artículo 19 numeral 24 (relativo a la propiedad privada) que consagra constitucionalmente los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, y otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos.

Con este modelo, las desigualdades de dinero, como las de propiedad e incluso las diferencias étnicas, quedan de manifiesto. Así las cosas, esta condición de un bien con valoración puramente patrimonial afectaría la posibilidad de exigir jurídicamente un bien indispensable para la vida, salud y subsistencia humana como es el agua. Esto benficiaba a ese grupo minoritario que manejaba el poder (es de reconocer que el Estado chileno en los últimos años suavizó esta legislación y otras, para borrar las herencias de la dictadura).

En consecuencia, este cambio constitucional es clave para el acceso a recursos y otros bienes públicos por parte de los pueblos originarios. Es más, por medio de la presidente de la Asamblea Constituyente, Elisa Loncón (Indígena Mapuche), se ha asomado la idea que Chile sea un Estado Plurinacional.

El reconocimiento constitucional para los pueblos originarios tiene la venia de los 155. En tanto, 118 constituyentes apuestan directamente por un Estado Plurinacional. (Pauta, Junio 2021)

¿Qué es un estado plurinacional? Un estado plurinacional se forma a través de una descentralización política y administrativa, donde el sistema administrativo es culturalmente heterogéneo y permite la participación de todos los grupos y sectores sociales. Es plurinacional porque reconoce el pluralismo como principio, el pluralismo político, reconoce diferentes formas de democracia, la liberal y la comunitaria y la composición de los poderes del Estado respetando la preexistencia de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos.

La plurinacionalidad se relaciona con una presencia indígena o de pueblos originarios importante, y su reconocimiento en las estancias de poder y toma de decisiones.

Pero ¿América Latina se ha detenido a pensar que significa que se dé un Estado plurinacional en Chile? No estoy seguro si dimensionamos lo importante de este cambio. En Chile, como en otros países de la región, especialmente en el cono sur, históricamente se ha invisibilizado a las poblaciones indígenas, creyendo que poblaciones enteras son descendientes de europeos, tal como lo afirmó el presidente Fernández de Argentina (los argentinos venimos en barco).

Existe un imaginario que los ciudadanos vienen de genealogías germánicas, itálicas, británicas o neerlandesas. Lo cual puede ser cierto, pero con esto, no se puede invisibilizar a los pueblos originarios que habitaban estas tierras antes de su llegada, explotación y asentamiento.

En Chile, este imaginario se reafirmó mediante la puesta en práctica de la constitución de 1980, la cual dejaba a unos pocos (supuestamente europeos) como únicos beneficiarios del Estado chileno, ignorando a los pueblos Mapuche o Rapa Nui.

Que en la nueva constitución chilena se hable de plurinacionalidad y se ponga en la foto al indígena, al polinesio y al afro junto al blanco, es un cambio de paradigma que hace 20 años era impensable. Esas ciudadanías, que por tanto tiempo estuvieron en silencio, están recobrando su voz, reconocimiento y derechos, lo que sienta las bases de competencias electorales en igualdad de condiciones, así como el acceso a recursos naturales.

Por otro lado, es una manifestación de los cambios que están sucediendo en el s. XXI, donde sectores de la población que en el s. XX no tuvieron injerencia en las decisiones nacionales, están ganando su rol dentro de las sociedades.

Chile es un ejemplo para América Latina, donde lo indígena, lo afro y demás poblaciones originarias, pasan de lo anecdótico o de la atracción turística, a ser sujetos de derecho y agentes de cambio. Chile, se plantea dejar su ideal europeo, para abrazar su diversidad. ¿pasará lo mismo en el resto de la región?

@Myloclamar