La Audiencia Provincial de Almería en España acoge este miércoles 22 de septiembre una nueva vista oral contra Carlos Alexander R.L., el hombre de origen colombiano que en 2019 reconoció haber abusado de seis menores de entre cuatro y 13 años cuando ejercía como pediatra en Almería a través del Servicio de Salud (SAS), esta vez acusado de agredir sexualmente a un vecino de su bloque cuando contaba con nueve años de edad.
El procesado, quien ya aceptó penas de 26 años y seis meses de prisión por los hechos anteriores, se enfrenta ahora en la vista que acogerá la Sección Segunda a otros 12 años de prisión por un delito de agresión sexual continuado así como a 15 años de alejamiento de la víctima, siete más de libertad vigilada y otros 16 años de inhabilitación para trabajar con menores.
Además, la Fiscalía reclama 15.000 euros por daños morales a favor del menor, según recoge la calificación provisional, consultada por nuestro aliado Europa Press.
El Ministerio Público mantiene que durante el verano de 2011 el acusado contactó con un menor de nueve años que vivía en su mismo edificio ubicado en Roquetas de Mar (Almería), del que se fue “ganándose poco a poco su confianza”, para lo cual “organizaba juegos en la piscina” con otros dos menores que convivían con él y que presentaba como a “sus hijos”, toda vez que también “los llevaba al parque o a excursiones en bicicletas”.
En esta línea, y guiado por un “ánimo libidinoso”, el acusado habría invitado al menor a que fuera a su casa a jugar a la videoconsolas para, una vez en su salón, aprovecharse del mismo a través de juegos “de índole sexual” en los que el acusado aparecía “desnudo”; un comportamiento que se habría extendido, al menos, a lo largo de un mes.
El fiscal sostiene que en el desarrollo de estos actos el acusado se habría aprovechado sexualmente del menor, a quien decía que eran “juegos normales”, que “no era nada malo”, pero que en cualquier caso “no le contase nada a su madre” porque “era su juego” y “un secreto entre ellos”.
A causa de tales experiencias, la víctima sufrió una sintomatología “compatible con una situación de violencia sexual” que se denotaba por su nerviosismo, bajo rendimiento académico, depresión y conductas disruptivas, entre otros comportamientos.
En 2019 el expediatra, que por entonces contaba con 45 años, admitió haber abusado de otros seis menores y aprovechó su turno de palabra en el acto de juicio para pedir “disculpas” tanto a las víctimas como a sus familias, lo que le valió una rebaja de la pena inicialmente solicitada por la Fiscalía de 37 años de cárcel.
Así, el hombre aceptó cuatro años de prisión por cada uno de los cuatro delitos de abuso sexual, otro dos años de cárcel por un quinto delito y ocho años y seis meses de prisión por un sexto delito de abuso sexual continuado.
Ejerció en Andalucía durante cinco años
Carlos Alexander R.L. prestó servicio como pediatra contratado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en centros de los municipios de Huércal-Overa, Pulpí y Vera desde marzo de 2008 hasta septiembre de 2013. Así, “aprovechándose de su condición” de facultativo, establecía relaciones de “confianza” con las madres de los niños que acudían a su consulta como pacientes y se centraba, sobre todo, en aquellos que eran de nacionalidad colombiana como él.
La Fiscalía remarcaba entonces que conseguía de este modo el “consentimiento” de las progenitoras para llevarse a sus hijos a pasar “una tarde, un rato, un día o un fin de semana” a su domicilio, ubicado en la localidad de Roquetas de Mar, “haciéndose cargo de ellos de manera exclusiva”.
Una vez en la casa, junto al que decía ser su hijo, también menor de edad, perpetraba supuestamente los abusos. Lo hacía tanto en el interior del domicilio como en la piscina comunitaria “guiado por el ánimo lúbrico”.
Entre las víctimas, de entre cuatro y 13 años, figura un menor que en el momento de los hechos se encontraba ingresado en un centro de acogida y con quien el procesado se prestó a realizar funciones de “familia colaboradora” y un segundo niño que sufrió los abusos hasta los 17 años “porque le había hecho creer que eso era lo normal en su país”.
Carlos Alexander R.L. fue extraditado el 8 de julio de 2016 a España desde su país natal, donde estuvo estado cumpliendo condena por hechos similares. Tres meses antes había sido puesto en libertad condicional tras estar en arresto domiciliario, controlado por un dispositivo electrónico.
Protagonizó dos fugas
El juicio contra él en Colombia, por el que fue condenado a 38 meses de prisión, se celebró en ausencia del reo, quien protagonizó dos huidas; una hacia España, donde cometió presuntamente los delitos de los que ahora debe dar cuenta, y la segunda, de vuelta su país natal.
Allí fue detenido en marzo de 2014 tras la labor conjunta de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía colombiana, en colaboración con la Guardia Civil en España.
La Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia ordenó su extradición en julio de 2014 al estimar la petición tramitada por el Gobierno de España a raíz de que el Juzgado de Instrucción 2 de Roquetas de Mar abriese causa contra él.
No obstante, se dispuso que no fuese extraditado para ser puesto a disposición de este juzgado instructor hasta que cumpliese la pena de 38 meses y 25 días de prisión a la que fue condenado en 2012 tras la denuncia del padre de una de sus víctimas.
Finalmente, no la cumplió de forma íntegra y se benefició de remisión de pena. Ya entonces, los magistrados colombianos señalaron que fue la profesión que ejercía “lo que motivó su acceso al ambiente escolar” y “lo que le facilitó la confianza” de la víctima para que pudiera desarrollar su “perversa conducta”.
La Corte no le inhabilitó profesionalmente y estuvo investigado en relación a hechos similares en Barcelona, donde también ejerció como pediatra antes de llegar a Almería. Accedió al SAS por una bolsa de empleo.
Hijos de madres solteras
Para estimar la extradición y dictar resolución en positivo, la Corte Suprema colombiana tuvo en cuenta la denuncia de las madres de los menores, que principalmente eran madres solteras o divorciadas con problemas económicos y de origen sudamericano.
En esta línea, hacía alusión a la primera denuncia, de julio de 2013, en la que la progenitora de un niño de ocho años daba cuenta de presuntos abusos sexuales mientras el menor estaba a cargo del pediatra en su casa.
Posteriormente, otra madre denunció también que sus dos hijos, de 11 y 7 años, habían sido presuntas víctimas de los abusos sexuales del médico, de forma que trató incluso de forjar una “estrecha relación” con el más pequeño de ellos, de quien trató de ser su padrino y del que tenía una foto en su cuenta de la aplicación Whatsapp. Según el relato de la progenitora, su comportamiento “se volvió obsesivo”.
El fallo favorable a la extradición, al que tuvo acceso Europa Press, recogía, asimismo, el testimonio de los pequeños ante psicólogos adscritos a los equipos de mujer-menor (Emume) de la Guardia Civil en la que ellos relatan presuntos comportamientos de Carlos Alexander R.L.
Igualmente, apuntaba al testimonio de una de las madres que vivió temporalmente en la casa del pediatra para trabajar como empleada interina y que relató que el hombre trataba a uno de los menores “como a una novia”, si bien a la casa “iban muchos niños”. Estas declaraciones fueron apoyadas además por dos testigos ajenos a los menores y las familias y que señalaron la presencia de menores y comportamientos de carácter sexual entre el acusado y los niños.
