Los ecuatorianos están llamados este domingo a las urnas para pronunciarse en una batería de votaciones que tendrá como principal eje un referéndum promovido por el Gobierno de Guillermo Lasso sobre enmiendas constitucionales y que servirá, en parte, para medir la popularidad de un Ejecutivo que ha visto empeorar su imagen en estos últimos meses.
Este domingo, Ecuador está llamado a elegir 5.600 cargos a nivel local, donde el oficialismo competirá con candidatos leales al expresidente Rafael Correa, que sigue siendo una figura popular en el país sudamericano pese a residir fuera del país y tener varias causas abiertas. También se renovará el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Sin embargo, uno de los principales puntos de interés girará en torno a una batería de ocho preguntas que el Gobierno quiere someter a consulta ciudadana y que incluyen algunos de los temas espinosos de la actualidad política ecuatoriana, repartidos en tres bloques: promoción de la seguridad, fortalecimiento de la democracia y protección del medio ambiente.
Los sondeos publicados estas últimas semanas anticipan un respaldo mayoritario a favor del ‘sí’ en todas las preguntas, entre las que se cuelan cuestiones relativas a la extradición de ecuatorianos a otros países, la ampliación de los poderes de la Fiscalía, la disminución del número de legisladores o la protección de fuentes de agua.
Técnicamente, la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, no tiene por qué poner en práctica los resultados del referéndum. Parte de la oposición, de hecho, atribuye esta consulta a unos supuestos esfuerzos de Lasso para tratar de recuperar el impulso político perdido en un momento en que su Gobierno es foco recurrente de críticas por el empeoramiento de los datos económicos o el aumento de la inseguridad.
Sea como fuere, el presidente ha decretado “suspender la jornada regular de trabajo” el lunes, tal como había solicitado el Consejo Nacional Electoral (CNE), para facilitar el recuento de la jornada de votación del día previo y la adecuación de las instalaciones utilizadas en dicha cita. Las autoridades estiman en más de 4.000 los centros educativos necesarios.
En el ámbito público, se añadirá a los trabajadores “una hora adicional durante los ocho días laborables subsiguientes” para recuperar la jornada perdida, mientras que en el privado el sistema se establecerá “de mutuo acuerdo por empleadores y trabajadores”, según plantea dicho decreto.
