Europa Press
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El Gobierno de Francia ha suspendido la actividad parlamentaria y forzado la aprobación de un primer paquete presupuestario para solventar la actual parálisis, a costa de someterse a una moción de censura que supondrá una prueba de fuego para un Ejecutivo que carece de la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional.
«Hay que darle un presupuesto a nuestro país», ha defendido la primera ministra, Elisabeth Borne, que ha acusado a la oposición de «bloquear» los trámites. El Gobierno ha autorizado por tanto recurrir al artículo 49.3 de la Constitución, reservado para circunstancias excepcionales.
Esta vía abre un plazo de 24 horas en el que los grupos parlamentarios pueden dar un paso al frente con una moción de censura. El grupo de la izquierda y la ultraderecha no se han esperado han anunciado sendas iniciativas, aunque para que alguna moción prospere y, por tanto, caiga el Gobierno es necesario que obtenga mayoría absoluta.
La portavoz de la Francia Insumisa, Mathilde Panot, ha denunciado en declaraciones a los medios que «el macronismo se convierte en autoritarismo» ante su incapacidad de asegurarse los suficientes votos para aprobar parte de las cuentas para 2023, informa Franceinfo.
Por su parte, la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha acusado en Twitter al Gobierno de «traicionar la voluntad popular» al aceptar sólo enmiendas con las que están de acuerdo.
El pulso parlamentario llega en plena ola de movilizaciones sociales contra el presidente, Emmanuel Macron, y su administración, a cuenta principalmente de las huelgas en las refinerías y las protestas que reclaman, entre otras acciones, subidas salariales que compensen el aumento de los precios en este último año.
Con Macron en el Elíseo, el Gobierno ya recurrió al 49.3 de la Constitución a principios de 2020, para sacar adelante una controvertida reforma de pensiones que, a la postre, quedó suspendida durante la pandemia de COVID-19. Si supera el actual reto, el plan presupuestario pasará directamente a manos del Senado.
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