El nuevo Gobierno de Brasil considera “inconstitucional” la legislación que facilita la circulación de oro en Brasil, ya que actualmente las empresas no están obligadas a conocer su origen –fomentado así la extracción ilegal–, por lo que ya están analizando el caso para presentar una próxima demanda en el Tribunal Supremo.
“Desgraciadamente, esa ley permite que el oro ilegal se convierta en oro legal, como si fuese lavado, porque las distribuidoras que compran oro no necesitan cumplir ciertas pautas ya que se presume la buena fe del que compra y del que vende”, ha explicado el ministro de Justicia, Flávio Dino.
“Por lo tanto, consideramos que esa ley es inconstitucional”, ha dicho Dino en una entrevista para la radio pública brasileña. En ella, el ministro de Justicia ha informado de que han hablado con la Abogacía General para que estudien y examinen si existe la posibilidad de presentar una demanda de ilegalidad ante el Supremo.
“Sería una forma de desincentivar la minería ilegal en Brasil”, ha apuntado Dino, en un momento en el que el asunto de la extracción irregular ha vuelto a cobras protagonismo después de que el Gobierno hubiera alertado de los estragos que ha causado en amplias zonas de la Amazonia, en especial sobre la comunidad yanomami.
En ese sentido, el abogado general de la Unión, Jorge Messias, ha denunciado que los pueblos indígenas fueron “abandonados a su propia suerte” y que el gobierno de Jair Bolsonaro incurrió en “omisión” de funciones al no atajar la crisis humanitaria y sanitaria de los yanomami, el mayor pueblo indígena de Brasil.
“Hubo omisión en el anterior gobierno. Si fue deliberada o no, las investigaciones lo dirán”, ha dicho Messias al anunciar una comisión especial para averiguar lo ocurrido en un encuentro con la prensa, cuenta ‘O Globo’.
La pasada semana, en el marco de una visita del presidente Luiz Inácio Lula da Silva al sur del estado de Roraima, en la Amazonia brasileña, el Ministerio de Salud declaró la emergencia sanitaria en la región tras comprobar el estado en el que se encontraba la comunidad yanomami.
Uno de los principales responsables de esta situación, coinciden desde el Gobierno, ha sido el estímulo y la defensa que se habría ofrecido a los extractores ilegales de oro y otras piedras preciosas, los garimpeiros, quienes invaden y contaminan las tierras de estas comunidades ejerciendo violencia contra ellas.
El Ministerio de los Pueblos Indígenas informó esta semana la menos 570 niños de entre 1 y cuatro años de la comunidad yanomami murieron por desnutrición, neumonías y diarreas en los últimos cuatro años como consecuencia del avance de la minería ilegal, responsable de la contaminación de ríos y campos. También se ha denunciado un aumento grave de los casos de malaria en el último año.
