Tras una semana retenido en territorio alemán, finalmente la justicia del país centroeuropeo ya ha definido el futuro a corto plazo del expresidente catalán. Y el panorama no es alentador para Carles Puigdemont. La Audiencia Territorial del estado de Schleswig-Holstein ha confirmado la recepción de la demanda de extradición a España tras comprobar que la euroorden.
“El tribunal ha registrado el informe de la Fiscalía esta mañana. Ahora será analizado. No puedo decirles cuando habrá dictamen. No existe un plazo límite para el pronunciamiento, pero entiendo que será rápido”, afirmó la jueza y portavoz del máximo tribunal de Schleswig-Holstein, Frauke Holmer. Habló incluso de “un par de días”. El plazo que suele tomarse como referencia son 60 días prorrogables otros 30, aunque hay procesos que pueden durar 48 horas o un año, dependiendo de la batalla legal que emprenda el afectado. La media, no obstante, es de 47 días.
La Fiscalía de Schleswig-Holstein pidió hoy la extradición de Puigdemont en los términos dictados por el juez Llarena, al considerar que los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos esgrimidos por el magistrado español en la euroorden tienen equivalencia en el Código penal alemán. La Fiscalía se ha pronunciado también a favor mantener en prisión del ex president por considerar que existe riesgo de fuga. Puigdemont permanece en prisión provisional desde el 26 de marzo.
Los abogados de Puigdemont han reaccionado lacónicos a la decisión de la Fiscalía alemana con el argumento de que entraba dentro de lo previsible en un proceso que dilucidará la Audiencia. La realidad, sin embargo, es que se trata de una importante primera gran derrota legal del político catalán, que se ha hecho representar en Alemania por uno de los letrados más relevantes en Derecho Penal Internacional. Se trata del letrado Wolfgang Schomburg, ex juez del Tribunal Constitucional y de los Tribunales para la extinta Yugoslavia y para Ruanda. Schomburg calificó el razonamiento de la euroorden de impreciso, superficial y aventuró que los delitos de rebelión y malversación no encajaban en el Código Penal alemán. De haber seguido el Ministerio Público alemán ese razonamiento, Puigdemont habría sido puesto en libertad.
Bien al contrario, la Fiscalía General de Schleswig-Holstein, la demanda española es admisible. Se trata de una decisión relevante, pues al establecer un marco de equivalencia entre los delitos por los que se le acusa en España y el Código Penal alemán, la Fiscalía descarta que el ex presidente sea un preso político. Esa era una de las bazas de la defensa. Puigdemont se proclama perseguido por una especie de nueva Inquisición española.
“La acusación de rebelión contempla, esencialmente, la celebración de un referéndum inconstitucional a pesar de que eran de esperar enfrentamientos violentos”, destaca en un comunicado la Fiscalía, que considera que el delito de rebelión que imputa el magistrado del Tribunal Supremo puede ser equivalente al de alta traición que recoge el Código Penal alemán. En el caso alemán, el delito de alta traición requiere el uso o amenaza de violencia, de ahí las discrepancias que ha habido entre algunos juristas.
Las acusaciones de malversación de fondos públicos y de corrupción para llevar a cabo el referéndum ilegal secesionista del 1 de octubre de 2017, continúa la Fiscalía, se corresponden con el delito de malversación también recogido en el Código Penal alemán. Si finalmente Puigdemont fuera extraditado a España bajo este criterio planteado por la fiscalía alemana, podría ser juzgado y condenado a penas superiores a los 30 años de prisión.
Puigdemont fue detenido en Alemania el pasado 25 de marzo, poco después de cruzar la frontera de Dinamarca. Tras su arresto, el juzgado de instrucción de la ciudad de Neumünster ordenó su ingreso en una cárcel alemana al apreciar riesgo de fuga, dado que el líder soberanista fue detenido en tránsito a Bélgica, donde fijo su residencia tras huir de España.
