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La Fiscalía General de Paraguay ha asegurado tras las acusaciones vertidas por el Gobierno de Estados Unidos contra el vicepresidente paraguayo, Hugo Velázquez, que ya “semanas atrás” le había pedido a las autoridades norteamericanas información sobre las investigaciones por presunta corrupción.
En este sentido, ha afirmado que en agosto de 2022 el Ministerio Público paraguayo emitió una primera solicitud, después de que Washington catalogase a Velázquez de “significativamente corrupto”. Hace dos semanas, y ante la aparente falta de respuesta, se habría formulado una segunda petición.
“La causa se encuentra abierta y en proceso de investigación”, ha explicado la Fiscalía de Paraguay, que mantiene una causa a la que también ha reclamado acceso la Administración de Joe Biden. “Este pedido (estadounidense) fue respondido de inmediato por la unidad fiscal encargada”, ha añadido.
Velázquez lleva meses en el punto de mira de Washington, acusado de “interferir en procesos legales” y de maniobrar para protegerse de potenciales investigaciones, dando pie a sobornos o amenazas “a quienes pudiesen exponer su actividad criminal”, según el Tesoro estadounidense.
El Gobierno estadounidense también ha incluido en la lista negra al expresidente Horacio Cartes, por incurrir en actividades corruptas “antes, durante y después” de su mandato (2013-2018). “La carrera política arrancó y continúa dependiendo de medios corruptos”, ha dicho sin ambages el Departamento del Tesoro, que da cuenta de sobornos de hasta 10.000 dólares para lograr su designación como candidato presidencial del Partido Colorado.
En 2017, destinó 1 millón de dólares de su fortuna para “comprar” los votos de diputados e intentar una reforma constitucional que le abriese la puerta a un segundo mandato. Fracasada esta reforma, y ya fuera d la Presidencia, habría intentado mantener su influencia con pagos continuados que en algunos casos alcanzan los 50.000 dólares al mes.
Además, la Administración de Joe Biden vincula tanto a Cartes como a Velázquez con una empresa, Hizbollah, responsable de organizar actos durante los que presuntamente se gestan prácticas corruptas y que, a ojos de Estados Unidos, es una “organización terrorista”.