La Fiscalía de Perú ha abierto este martes una investigación contra el primer ministro peruano, Alberto Otárola, y el ministro de Trabajo, Alfondo Adrianzén, como presunto instigador y autor, respectivamente, de un delito de colusión gravada.
El Ministerio Público ha anunciado la apertura del expediente tras la sospecha de que Otárola y Adrianzén contrataron a Carola Rodríguez –excuñada del ministro de Trabajo– como asesora del ministerio con un sueldo mensual de 15.500 soles (3.600 euros), según reveló el semanario ‘Hildebrandt en sus Trece’.
El primer ministro de Perú designó a Adrianzén como su secretario general, hasta que le nombró encargado del Ministerio de Trabajo tras la dimisión del exministro Eduardo García, que presentó su renuncia en protesta por las muertes registradas durante las movilizaciones sociales a nivel nacional contra el gobierno de Dina Boluarte.
Tras la apertura de la investigación, Otárola ha negado que haya intervenido en alguna designación dentro del Ministerio de Trabajo y ha rechazado haber tenido comunicación reciente con Carola Rodríguez, según ha informado la emisora RPP.
“En relación a denuncia, aclaro de manera contundente que no he intervenido en esta designación. Hace varios años que no tengo contacto con Carola Rodríguez, que por lo demás es una profesional destacada”, ha indicado en un mensaje en sus redes sociales.
Por su parte, el ministro Adriánzen ha asegurado que la contratación de su asesora “ya fue explicado”, pero que no tiene problemas en responder ante la Fiscalía.
“El domingo explicamos cómo se dio la contratación de mi asesora. Si la Fiscalía considera relevante aclararlo más, así lo haré. Yo no recibí ninguna indicación o recomendación del primer ministro para designarla”, ha afirmado en un comunicado recogido por la citada emisora.
