La Fiscalía General de El Salvador ha solicitado este viernes al Tribunal la pena de 16 años de cárcel para el expresidente, Mauricio Funes Cartagena, y 20 años para el exministro de Justicia y Seguridad, David Victoriano Munguía Payés, procesados por el pacto que realizaron en 2012 con pandillas para la reducción de homicidios.
En concreto, acusan a Mauricio Funes de delito de agrupaciones ilícitas y de incumplimiento de deberes, por el que piden por cada uno ocho años de prisión.
Para Payés, además de los delitos que comparte con el expresidente, la Fiscalía solicita cuatro años más por el delito de actos arbitrarios, según ha informado el periódico salvadoreño ‘El Mundo’.
Los hechos por los que se les acusa ocurrieron durante una tregua entre noviembre de 2011 y mayo de 2013 pactada entre las pandillas Mara Salvatrucha y el Barrio 18 con el Gobierno.
La Fiscalía ha explicado en sus alegatos finales que durante el juicio han quedado probados los delitos gracias a las declaraciones en calidad de testigos de un pandillero de la Mara Salvatrucha que participó en la tregua y la del obispo de San Miguel, Fabio Colindres, quien en calidad de mediador participó en las primeras reuniones y relató que fueron autorizadas por los dos procesados.
Han añadido que ambos funcionarios “omitieron y se excedieron en sus obligaciones”, además de “violentar el protocolo de seguridad, estando al cargo de instituciones”, no haciendo nada para acabar con las acciones que se realizaron en los centros penales como parte de la tregua, en referencia a los actos ilícitos que se cometieron bajo la Ley Penitenciaria.
Por el delito de agrupaciones ilícitas, la Fiscalía ha sostenido que ambos funcionarios “promovieron, facilitaron y ayudaron” a que las pandillas obtuvieran beneficios en los centros penitenciarios, que fueron entregados a través de los mediadores.
El abogado defensor del expresidente ha alegado que la Fiscalía no ha conseguido “quebrantar su inocencia”, ya que en el caso de agrupaciones ilícitas, no se ha probado que haya sido miembro de alguna de las pandillas que supuestamente participaron en la tregua, ni ningún testigo probó con documentos o de vistas que Funes diera órdenes sobre las facilidades a pandilleros en los centros penales.
En el caso del delito de incumplimiento de deberes, ha afirmado que las autorizaciones de traslados o de permitir el ingreso de civiles a los centros penales no era parte de las facultades que tenía el expresidente.
Por su parte, la defensa de Payés ha alegado que la Fiscalía no ha acreditado la existencia del delito de incumplimiento de deberes, ya que los testigos no han probado que el exministro “tuviera conocimiento”, ni que “haya avalado, continuado, o permitido el ingreso de ilícitos a centros penales” por lo que han pedido una sentencia absolutoria para su defendido.
