El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha declarado este miércoles tras la disolución de la Asamblea Nacional que ha antepuesto a «Ecuador por encima de cualquier interés personal».

Lasso, en una entrevista para la cadena de televisión CNN, ha indicado que ha reducido su programa de gobierno «voluntariamente» y ha asegurado que esta decisión es «de un calado muy profundo que no se toma en un minuto ni un día».

«Es un proceso de reflexión de varias semanas, por no decir de varios meses, mirando una actitud belicosa de los opositores, quienes se dieron por plantear un juicio político acusándome de un delito que no existe en el Código Penal ecuatoriano, que es peculado por omisión y sobre todo, sin fundamentos, sin pruebas ni testigos», ha criticado.

El mandatario ecuatoriano ha asegurado que sus oponentes pretendían» destituirle sobre «la base de un contrato que no fue firmado» durante su Gobierno, por lo que sostiene que le están acusando sin pruebas. «No esquivé el juicio político. No he cometido ningún pecado», ha zanjado.

«Yo quise ir a defenderme porque soy inocente, porque no he cometido peculado y porque de manera abusiva pretendían destituirme sobre la base de unos contratos suscritos en el Gobierno anterior», ha declarado.

«En mi periodo de Gobierno no hay un solo negociado en empresas públicas. No hay un solo caso. Por eso digo que hubo una acusación perversa que no tuvo pruebas, ni testigos», ha subrayado el mandatario.

Lasso ha invocado este miércoles la conocida como ‘muerte cruzada’, una fórmula constitucional que implica la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria tanto de elecciones legislativas como presidenciales, argumentando que hay una «grave crisis política» derivada del juicio político contra él.

El mandatario considera que el Parlamento, dominado por la oposición, «tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado». A día de hoy, ha apuntado, «no es posible avanzar» en Ecuador por la actividad de una Asamblea que no lleva a cabo tareas de «fiscalización» sino que se limita a la «obstrucción».

El juicio se basa en una acusación por blanqueo de capitales que deriva de un acuerdo firmado por la empresa pública Flopec y que, según la Contraloría, causó al país un perjuicio de unos 6,1 millones de dólares. El contrato en cuestión sigue vigente, aunque se firmó en 2020, durante el Gobierno de Lenín Moreno, algo que ha recordado Lasso.

CORREA: «ESTO ES UN GOLPE DE ESTADO»

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa ha calificado la medida de Lasso de «último clavo de su propio ataúd político», después de señalar que se trata de un «golpe de Estado».

Correa, además, ha asegurado que no existe una «grave conmoción social» que sustente el decreto de ‘muerte cruzada’ del mandatario. «Obviamente no hay ninguna ‘conmoción interna’. Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse. En todo caso, es una gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la patria», ha señalado.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, ha advertido con «mantenerse vigilante» tras la decisión de Lasso de invocar la ‘muerte cruzada’.

«Nos declaramos en vigilia permanente en defensa de los intereses del pueblo ecuatoriano», ha señalado en una rueda de prensa en la que no ha convocado protestas sociales, a pesar de que durante las últimas semanas había anticipado que realizaría la convocatoria en caso de que el mandatario disolviera la Asamblea.

A diferencia de Iza, el Frente Popular, que agrupa a varios sindicatos, no ha descartado movilizaciones en las calles, ya que consideran que la aplicación de la ‘muerte cruzada’ es inconstitucional, informa ‘Primicias’.

«(La medida) no es nada menos que la desesperación de un mandante que pretende imponer medidas impopulares», ha declarado el presidente de la organización, Nelson Erazo, que considera que el Gobierno está planeando enviar un decreto ley con la reforma laboral. Así, considera que los gremios han de «defender sus derechos laborales».