Foto: tomada de notiamerica.com
La Fiscalía de Perú ha abierto este miércoles una investigación preliminar contra el ministro de Salud Jorge López por presunto enriquecimiento ilícito tan solo dos días después de que fuera destituido del cargo tras destaparse su posible participación en un caso de corrupción.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció a comienzos de semana el cese de López como ministro de Salud después de que un medio de comunicación informara de su participación en este posible caso de ‘pitufeo’. Sin embargo, aún no existe una resolución que oficialice la decisión.
Ahora, el Ministerio Público peruano considera que la expareja de López habría adquirido un inmueble con “dinero de una fuente ilícita” depositado en sus cuentas bancarias por una empresa médica y por servidores del Ministerio de Salud.
De hecho, uno de los empleados públicos que se ha visto salpicado por esta presunta trama de corrupción es el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Juan Carlos Delgado, quien este mismo miércoles ha presentado su dimisión al cargo.
Delgado ha trasladado un comunicado al ministro en el que informa de su renuncia al cargo, aprovechando en la misiva para agradecer la oportunidad de ejercer como empleado público y defender su buen hacer a lo largo de su gestión, según recoge ‘La República’.
Por su parte, la Justicia ha dado ‘luz verde’ a las peticiones de la Fiscalía y ha incautado el inmueble ante el peligro de que López pueda trasferir la vivienda. Además, ha dispuesto que, en caso de que sea necesario, se pueda cerrar la propiedad, según recoge RPP.
El programa Punto Final de Latina Televisión contó que el pasado 31 de agosto seis trabajadores del Ministerio de Salud fueron reclamados por López para realizar doce ingresos bancarios por valor de 98.400 soles (25.000 euros) en diferentes sucursales del Banco de Crédito del Perú, en Lima, a la cuenta de su expareja y madre de sus hijos.
Por su parte, López, si bien ha reconocido dichos pagos, ha insistido de que el dinero no proviene de las arcas del Estado, sino de su propio bolsillo y que dispone de las pruebas para acreditarlo.
