El Gobierno de Ecuador y el movimiento indígena han llegado este domingo a un acuerdo que pone fin a once días ininterrumpimos de protestas que habían sumido al país en una de las mayores crisis de las últimas décadas.
Con este acuerdo se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el número 883, que contemplaba la controvertida eliminación de los subsidios al combustible, lo que permite instalar una comisión que elaborará un nuevo decreto y de la que formarán parte representantes gubernamentales e indígenas con la mediación de la ONU y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Arnauld Peral, de la representación de Naciones Unidas en Ecuador, ha confirmado que los líderes indígenas han accedido a desconvocar las protestas que comenzaron hace ya más de una semana contra el llamado ‘paquetazo’ del Gobierno, un ajuste económico exigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo Ecuador. Nos comprometemos a restablecer la paz en todo el país”, ha manifestado Peral, que ha participado en el diálogo como mediador.
Tras un largo receso de dos horas en el que los grupos que acudieron al diálogo se habían retirado a reflexionar, las partes volvieron a la reunión y lograron alcanzar un acuerdo. “Una solución para la paz y para el país: el Gobierno sustituirá el decreto 883 por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más los necesitan. ¡Se recobra la paz y se detienen el golpe correísta y la impunidad!“, ha manifestado Moreno, que durante el receso hizo hincapié en que el “anhelo de paz es más fuerte que las diferencias”.
Juan Sebastián Roldán, secretario particular del Presidente, ha afirmado que “es el momento de entender que ceder no es perder y aquí estamos cediendo todos, porque hoy nos quedamos aquí redactando un nuevo decreto”.
El presidente de la Asamblea Nacional ecuatoriana, César Litardo, ha destacado que se pudo “construir la paz que el país tanto anhelaba” y ha garantizado que estarán “vigilantes para que se cumplan los acuerdos” y que “tratarán de manera urgente el proyecto de ley cuando llegue a la Asamblea”.
¿En qué consiste el acuerdo?
Los mediadores han expresado que están dispuestos a iniciar de inmediato la redacción del nuevo decreto, que reemplazará al que eliminaba el subsidio a la gasolina y el diésel y que ha provocado la ola de disturbios.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), Jaime Vargas, que ha insistido en todo momento en la necesidad de derogar -que no modificar- el decreto, ha dado por terminadas las movilizaciones pero ha vuelto a pedir la dimisión de la ministra del Interior, María Paula Romo, y del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.
Los tres puntos del acuerdo son: la redacción de un nuevo decreto que reemplazará al 883, se instalará una comisión que elaborará el nuevo documento y se dan por finalizada así las movilizaciones y “medidas de hecho” en todo Ecuador, según ha informado el diario local ‘El Universo’.
La ministra del Interior, por su parte, ha destacado que la idea de que “sectores con posturas antagónicas escojan el camino de la paz, permitirá identificar con claridad a quienes aprovecharon el momento para el caos y la desestabilización” y ha prometido que habrá “cero impunidad”. Asimismo, ha dado las gracias a la Policía ecuatoriana, que se ha enfrentado “con profesionalismo a días muy difíciles”.
Tras conocer la noticia, los indígenas reunidos en el Ágora de la Casa de la Cultura han celebrado el acuerdo.
Diálogo
Durante las conversaciones, que comenzaron con casi tres horas de retraso, Moreno ha planteado la posibilidad de crear una comisión para modificar el decreto que contempla la eliminación de los subsidios al combustible, una cuestión que fue rechazada por los indígenas.
El dirigente ha insistido en proponer un “nuevo decreto, perfeccionado, que permita canalizar los recursos hacia quienes más lo necesiten“. Para ello ha destacado la importancia de crear comisiones y reiteró que no conversaría “con los correístas, que robaron la patria”.
El contralor general de Ecuador, Pablo Celi, que también presidente la Función de Transparencia, ha aplaudido el espacio de diálogo como el mecanismo legítimo para resolver el conflicto y recalcó la propuesta del presidente Moreno de iniciar un proceso para crear un nuevo decreto.
Por su parte, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, ha alertado de que los subsidios “terminan beneficiando a los contrabandistas y más ricos” y ha afirmado que la decisión “busca reencauzar el país”. ”
Sin embargo, Vargas ha subrayado que no habían “venido para comisiones” y reiteró que “la petición del país es la derogatoria del decreto 883”, que responde al conocido como ‘paquetazo’. “Está en sus manos señor presidente recuperar la patria. Tenemos bajo nuestra responsabilidad la dignidad de un país que nos reconoce como su legítimo interlocutor. ¡No vamos a negociar esa dignidad, no vamos a negociar a nuestros caídos!“, ha dicho Vargas en su comparecencia en la mesa de diálogo.
“Aquí no venimos para conformar comisiones. El pedido del país es la derogatoria del decreto 883. Si este momento se decide, el país se tranquiliza en todos los territorios del país”, ha asegurado.
A él se han sumado el presidente del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE), Eustaquio Toala, Abelardo Granda, de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), el dirigente indígena Leonidas Iza, que recalcó la necesidad de paz, y la dirigente de Sarayaku, Miriam Cisneros, que ha solicitado también la derogatoria.
Ante la insistencia de los indígenas, que han sostenido en todo momento que el decreto 883 “no tiene ninguna justificación fiscal ay no está vinculado con ninguna estrategia de inversión pública”, el dirigente ecuatoriano ha cedido.
“El principio de ustedes es el bienestar de sus pueblos y está bien, porque es un principio que lo tenemos todos. A lo que no cederé es a que ese dinero se lo sigan llevando los ricos y los traficantes de diésel y gasolina. ¡En eso no cederé!”, ha afirmado Moreno, que ha especificado que “ese dinero debe ser para proyectos de riego, de provisión de maquinaria, de equipos, de insumos, de pesticidas, de fungicidas, de semillas y abonos que permitan desarrollar el campo”.
“En eso estamos complemente de acuerdo, y no solo estamos de acuerdo, la comisión va a encontrar rápidamente los puntos para convertirlo en una feliz realidad”, ha expresado en relación con el próximo decreto.
Así, ha aprovechado para dar las gracias a todos los que “han apoyado el proyecto, un decreto destinado a mejorar las condiciones de vida de todos los ecuatorianos”, y ha mandado “un abrazo fraterno a todos los ecuatorianos”. “Agradezco a los negociadores que han hecho un excelente trabajo”, ha añadido.
La CONAIE, por otra parte, ha dado las gracias también al pueblo ecuatoriano “por la solidaridad, el compromiso, la unidad y el acompañamiento sin condiciones al movimiento indígena y los movimientos sociales en estas jornadas de resistencia”.
En este sentido, los indígenas han vuelto a rechazar un “uso excesivo de la violencia contra el pueblo” y han insistido en que los “detenidos, desaparecidos, torturados y asesinados en estas jornadas deben ser reparados de forma integral por parte del Estado, que debe amnistiarlos y asumir su compromiso de nunca más utilizar forma alguna de violencia contra la población”.
A pesar del fin de las protestas -que se han saldado con al menos siete muertos, 1,340 heridos y 1,152 detenidos-, el Ministerio de Educación ha informado de que las actividades académicas continúan suspendidas en todo el país a excepción de Galápagos hasta nuevo aviso.
