El próximo Gobierno de Pedro Sánchez deberá retomar ante las nuevas Cortes Generales dos de sus principales promesas electorales: reformar el mercado laboral con un nuevo Estatuto de los Trabajadores y garantizar la suficiencia del sistema de pensiones y su revalorización anual con el IPC.
Una vez eche andar la decimotercera legislatura de la democracia, aunque el PSOE tenga más diputados, Sánchez tendrá que seguir buscando consensos en un arco parlamentario de muy variado color, que incorpora a nuevos partidos como Vox, Navarra Suma o el Partido Regionalista de Cantabria, y en el que los independentistas de ERC, Junts per Catalunya y EH Bildu tendrán más peso.
El Congreso se constituirá el 21 de mayo y una vez sea investido Pedro Sánchez, si es que no hay contratiempos, las comisiones parlamentarias deberán empezar a trabajar.
Destacan dos comisiones, la del Pacto de Toledo y la de Empleo, ya que la de Presupuestos es poco probable que reciba las cuentas públicas de 2019.
El Pacto de Toledo tendrá que retomar unas recomendaciones casi cerradas tras dos años de debate y en las que se incluía, con el consenso de todos los partidos, salvo ERC, la revalorización de las pensiones con el IPC anualmente.
Asimismo, el Ejecutivo en funciones se ha comprometido en el Programa de Estabilidad Presupuestaria enviado a Bruselas a eliminar el déficit de la Seguridad Social en 2022, adelantándose así a los cincos años que contemplaba otra recomendación del Pacto de Toledo.
Habrá que ver si la nueva composición parlamentaria sigue manteniendo los acuerdos ultimados sobre las pensiones.
El adelanto electoral también dejó en suspenso la reforma del Estatuto de los Trabajadores que había propuesto el PSOE apoyado por Podemos, y que ahora podría volver a presentar como proposición de ley.
Aquella iniciativa instaba a dar más relevancia a los convenios de empresa para que cuando se subcontrate una actividad propia de una compañía se respete el convenio de la empresa principal y cuando sea actividad no propia se tome de referencia el convenio sectorial.
Contemplaba también restablecer la ultraactividad de los convenios para que su vigencia sea ilimitada, aspectos que el PSOE ha llevado en su programa electoral.
En el ámbito fiscal, Sánchez ha asumido el compromiso con Bruselas de implantar dos nuevos impuestos, el de las transacciones financieras y el de las grandes empresas tecnológicas, la denominada “tasa Google”.
Además, tanto el nuevo Ejecutivo como los partidos en la oposición volverán a activar previsiblemente decenas de proposiciones de ley económicas que decayeron así como peticiones de creación de comisiones de investigación, como la del accidente del Alvia en Santiago de Compostela o la del vuelo JK 5022 de Spanair que causó 154 fallecidos y que se quedaron en el aire.
La reforma del Régimen Especial de Autónomos (RETA) para crear un sistema de cotización ajustado a los ingresos reales de los autónomos o una nueva ley que sancione la morosidad son otras de las normas que quedaron pendientes.
Asimismo, quedó en el aire la propuesta de modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para evitar que el Senado pueda vetar la senda déficit, aunque en esta legislatura el Gobierno socialista podría tener menos prisa en aprobarla puesto que ya cuenta con mayoría en la Cámara Alta.
Estas son las principales leyes económicas que el Ejecutivo y los grupos parlamentarios podrían volver a reactivar para conseguir su aprobación.
-Proyecto de ley del impuesto sobre determinados servicios digitales que grava al 3 % los ingresos generados por servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.
-Proyecto de ley del impuesto sobre transacciones financieras que incluía un gravamen del 0,2 % sobre las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros.
-Proyecto de ley o proposición de ley sobre energía electrointensiva para crear el estatuto de los grandes consumidores de energía con el objetivo de mitigar los efectos de los costes energéticos sobre los grandes consumidores.
-Proposición de ley de reforma del Estatuto de los Trabajadores y reforma del Régimen Especial de Autónomos (RETA).
-Proposición para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
-Ley contra la morosidad con sanciones y multas más duras contra empresas y administraciones que incumplan los plazos previstos de pago.
-Propuesta de ley sobre igualdad laboral entre hombres y mujeres más amplia que la aprobada actualmente por real decreto para que en 2023 sea obligatoria una cuota femenina en los consejos de administración de las empresas cotizadas.
-Proposición de ley para modificar la ley de emprendedores y su apoyo a la internacionalización.
-Proposición de ley de protección al desempleo para garantizar la prestación de paro para las empleadas del hogar.
-Nueva ley que recoja la creación de un banco de pruebas (“sandbox”) en el que las empresas financieras testarán sus productos antes de lanzarlos al mercado.
Con información de nuestro aliado ElEconomista.es
