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Confidencial Noticias 2025

| Europa Press |

Foto: tomada de europapress.com

La última encuesta desarrollada por Cadem refleja que el 72 por ciento de la población chilena está en contra de los indultos concedidos por el presidente, Gabriel Boric, a más de una decena de manifestantes detenidos en el marco del estallido social de noviembre de 2019.

 

Así pues, un 43 por ciento de los encuestados considera que hay que revocar aquellos indultos donde haya antecedentes adicionales a los del estallido social, mientras que un 37 por ciento considera que hay que revocarlos todos, independientemente de si hay antecedentes o no, recoge la cadena T13.

Por el contrario, un 17 por ciento de los chilenos estaría a favor de mantener los indultos concedidos por Boric y que han generado malestar tanto en la oposición como a nivel social. De hecho, esta polémica se ha cobrado ya el cargo de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y también la de Matías Meza-Lopehandía como jefe de Gabinete.

Más allá de los manifestantes, el Gobierno concedió el perdón también al exguerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) Jorge Mateluna, cuya medida de gracia recava aún menos apoyos. El 81 por ciento de los encuestados está en contra de su indulto.

Finalmente, el informe recoge también datos sobre el apoyo a la Presidencia de Boric. Según los datos de Cadem, un 70 por ciento de los encuestados desaprueba la gestión del mandatario, mientras que un 25 por ciento lo apoya.

El presidente Boric concedió a finales de 2022 una serie de indultos que desde el primer momento generaron polémica y las críticas de la oposición, que se intensificaron después de comprobar que en el proceso de perdón no se había cumplido una de las principales premisas: que el beneficiado no tuviera antecedentes.

Así pues, el Gobierno concedió el indulto a más de una decena de manifestantes entre los que se encontraba Luis Castillo, quien había sido condenado previamente por cinco delitos comunes entre el año 2005 y 2017, según recoge la prensa chilena.

El Gobierno chileno reconoció entonces una serie de «desprolijidades» que se saldaron con las salidas de Ríos y Meza-Lopehandía. El propio Boric salió entonces al paso para reconocer que cuando se dan este tipo de situaciones, se deben «asumir responsabilidades».

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