La plataforma civil Misión de Observación Electoral (MOE) de Colombia ha denunciado este jueves al menos 411 actos violentos cometidos contra líderes políticos, sociales y comunales en el país durante los primeros diez meses de 2020, tras registrar en el último trimestre un aumento de este tipo de agresiones, una vez las medidas contra el coronavirus entraron en una fase de laxitud.
En el periodo analizado, detalla el informe de la MOE, estos hechos violentos “mantienen la tendencia observada en años anteriores”, concentrándose en especial en los departamentos de Nariño, Cauca, Antioquia, Norte de Santander, La Guajira, Córdoba y Magdalena, todos ellos en la zona oeste del país.
El departamento de Nariño, en el suroeste de Colombia, es la región que genera más preocupación, ha explicado el director de la MOE, Alejandro Barrios, ya que el territorio es escenario de las disputas entre los distintos grupos armados por las rutas del narcotráfico y los cultivos ilícitos, dejando a la población indígena, afro y campesina en medio de estas confrontaciones.
El informa de la MOE revela además que el 62 por ciento de los 137 asesinatos perpetrados hasta el mes de octubre se han producido en la zonas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), aquellos lugares más afectados por el conflicto armado y en los cuales el Gobierno se comprometió a desarrollar de manera prioritaria los planes de la Reforma Rural Integral, pactada con el acuerdo de paz alcanzado en 2016.
Asesinato de líderes sociales
Barrios ha explicado que existen diferencias entre los tipos de agresiones según el liderazgo que ejercían las víctimas en sus comunidades y municipios, pues si bien el patrón seguido con los líderes políticos consiste en “disuadir y controlar su labor por medio de las amenazas”, en el caso de los líderes sociales, los agresores “buscan silenciar las voces como primera opción”, puesto que en la mayoría de los casos los ataques comienzan con la apropiación del territorio.
A su vez, son los líderes sociales quienes más violencia sufren, casi el 55 por ciento de las agresiones se centran en ellos, de las cuales, el 63,5 por ciento resultan letales. En porcentajes similares se mueven las estadísticas relacionadas con las amenazas que acaban en asesinato de líderes indígenas y afro, 60 por ciento y 55 por ciento, respectivamente.
En cuanto a los líderes políticos, los 140 casos violentos cometidos contra ellos implicaron en un 61 por ciento a funcionarios electos en 2019. Los ataques consisten sobre todo en amenazas con el fin de controlar los gobiernos locales y con ello a sus vecinos.
Si bien los líderes comunales fueron el sector menos agraviado en cuanto al número de denuncias se refiere –61–, lo cierto es que más del 65 por ciento de los ataques han sido asesinatos o atentados, lo que supone además un incremento del 30 por ciento en este tipo de episodios con respecto al mismo periodo de tiempo en 2019.
“Esto pone a los líderes comunales en una situación de riesgo particular, con el agravante que estos ciudadanos son la expresión de la democracia en el nivel más cercano a la población”, ha denunciado Barrios en el informe de la MOE.
Finalmente, el informe detalla que en 91 de los 164 municipios donde se han presentado hechos de violencia contra estas diferentes autoridades locales y comunales opera al menos uno de los grupos armados ilegales, que corrompen el territorio colombiano.
Por ello, la MOE concluye reafirmando la necesidad de un esquema de justicia lo suficientemente reforzado y apoyado por las instituciones del Gobierno para evitar que este tipo de crímenes queden impunes.
