La ONG Somos Defensores ha alertado de que la cifra de líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos asesinados en Colombia ha aumentado un 54 por ciento en el último año.
Tal y como ha expresado, durante los primeros nueve meses de 2020 se han registrado más muertes que en todo 2019. Así, este tipo de ataques han pasado de 26 –en el tercer trimestre de 2019– a 40 –en el mismo periodo de 2020–.
Entre enero y septiembre de 2020 han sido asesinados 135 defensores, según cifras de la organización, que son algo más altas que las registradas por el Gobierno. En 2019 los líderes asesinados fueron 124, tal y como indica el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos (SIADDHH).
Además, entre los meses de julio y septiembre se han contabilizado 184 agresiones de este tipo, entre las que se incluyen 121 amenazas, 40 asesinatos, 17 atentados y cinco desapariciones forzosas.
Uno de cada cuatro de estos hechos se ha registrado en el departamento del Cauca, el más afectado en cuanto a agresiones en el tercer trimestre de este año. La situaciones también es preocupante en Nariño, donde en este mismo periodo de 2019 se presentaron seis de estos delitos, que en 2020 aumentaron a 40.
Somos Defensores ha asegurado que en el 48 por ciento de los casos los autores de estos ataques son desconocidos, si bien el 30 por ciento son paramilitares y el 11 por ciento grupos disidentes de las antiguas FARC.
La asesora de la Presidencia para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, ha asegurado que “hay una correlación muy estrecha entre el accionar de los grupos armados organizados (GAO) y de los grupos delictivos organizados (GDO) que intervienen en cadenas productivas de economías ilícitas, en las zonas en donde ocurre la mayor parte de los crímenes contra líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos”.
Aunque el registro de esta entidad presidencial contiene menos asesinatos que el de Somos Defensores durante los primeros nueve meses de 2020 (49 homicidios), Gutiérrez ha reiterado el compromiso del Gobierno en erradicar este tipo de actos.
Sin embargo, la ONG ha alertado de que “a pesar de la gravedad de la situación, el Estado no ha tomado medidas efectivas para controlar la violencia”.
