El Gobierno Nacional, a través del decreto 960 del 22 de agosto de 2021, solicitó una prórroga para otro Decreto que reglamentaba el artículo 53 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que busca llevar a cabo acuerdos de pago sobre sentencias y conciliaciones que se encuentren en mora hasta el 31 de octubre del presente año. No obstante, hasta el momento, cientos de víctimas de falsos positivos, de otros hechos acontecidos en el marco del conflicto armado, de privación injusta de la libertad y lesiones a jóvenes que prestaron el servicio militar obligatorio, entre otros, siguen esperando el dinero correspondiente a su reparación.
Las cuentas de cobro que acumula el Estado colombiano por el pago de reparaciones se remontan incluso al año 2014, y aunque el gobierno del presidente Iván Duque, incluyó el reconocimiento como deuda pública del pago de sentencias y conciliaciones en su (PND), no podrá ponerse al día con los beneficiarios de estas sentencias, si sigue postergando el concretar o implementar dicha medida, especialmente teniendo en cuenta que su periodo termina en agosto de 2022, lo que haría que las víctimas deban seguir alargando la espera para recibir finalmente el pago de su reparación.
La situación, que se complicó aún más por cuenta de las medidas adoptadas en casi todos los niveles de la administración pública para enfrentar la pandemia, no parece tener solución puesto que en las entidades no se cuenta con los recursos humanos, técnicos o financieros para gestionar los acuerdos de pago conforme al PND. En el año 2020 y en medio de la emergencia nacional provocada por el coronavirus, la Presidencia de la República emitió varios decretos en los cuales avalaba que las entidades hicieran una pausa en el pago de sentencias y conciliaciones, pero a pesar del regreso a la normalidad en la administración pública, muchas instituciones siguen presentando demoras o pausas alarmantes en los pagos.
Para este año, las entidades que más acumulan deuda por pago de sentencias (con cifras aproximadas que incluyen intereses) son el Ministerio de Defensa con $ 5.8 billones, la Fiscalía General de la Nación con $ 2.6 billones y la Policía Nacional con $ 2.1 billones; montos que sin duda siguen aumentando debido, principalmente, a que el presupuesto asignado cada año para el pago de este rubro, no alcanza ni a cubrir el 10% de la deuda existente. Además, a este saldo hay que sumarle que, en el país, día a día se dictan nuevos fallos en contra de las entidades públicas, que elevan la deuda del Estado.
Aunque la ley determina realizar pagos en un tiempo no mayor a 18 meses, la realidad es que la espera se aleja ampliamente de esos términos, teniendo que pasar, en muchos casos, hasta más de 7 años para que víctimas de privación injusta de la libertad, de malas actuaciones de entidades públicas o de falsos positivos, reciban su pago. Para 2019, la deuda acumulada por sentencias y conciliaciones sobrepasaba los $ 10 billones, según la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado.
De acuerdo con Alexa Estupiñan, abogada de Conactivos, organización dedicada a la compra de este tipo de fallos de reparación directa, se han generado muchas suspicacias entorno al proceso de pago que ha determinado el PND vigente y sus Decretos subsiguientes, porque se conocen unos pocos casos de ciudadanos a los que sí se les realizó el pago de manera ágil, mientras que otros beneficiarios, con turnos de pago más antiguos, todavía siguen esperando.
Con corte a 2021, las entidades con mayores retrasos en el pago de sentencias son la Fiscalía General de la Nación, superando los siete años, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, con más de seis años cada una, y el INPEC y Rama Judicial, con tiempos de espera alrededor de los cuatro años. Dichos tiempos agravan la difícil situación socioeconómica de la mayoría de los beneficiarios de sentencias y conciliaciones y representan una grave afectación a su calidad de vida y la de sus familiares, que incluso fallecen sin que reciban el dinero al que tienen derecho.
De acuerdo con Laura Amézquita, directora comercial de Conactivos, desde que el Estado expidió la normatividad para agilizar el pago de las sentencias en mora, con base en el PND, se les ha creado una falsa expectativa a los beneficiarios porque muchas entidades no la han podido incorporar en sus procesos, lo que tarde o temprano termina afectando la confianza en las instituciones y revictimizando a los beneficiarios. “El Estado nuevamente incumple a quienes, por acción o por omisión, no pudo proteger o cuidar, pues las personas siguen esperando la indemnización que compense de alguna manera, el daño sufrido” dice Amézquita.
La compra de sentencias se ha convertido en una alternativa favorable para muchos colombianos que adelantan demandas contra Estado y que, a pesar de tener un fallo a su favor, tienen que esperar 7 años o más para recibir el dinero de la reparación, o padecer falsas expectativas que generan Decretos y leyes para pronto pago, que no se cumplen. Conactivos se ha convertido en una opción para muchos beneficiarios, pues a través de esta figura, pueden recibir sus pagos en un lapso no mayor a cuatro meses.
