La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a contratistas del Fondo Adaptación, por posibles irregularidades, retrasos y fallas surgidas durante la ejecución del contrato, que tenía como objeto la construcción de los puentes vehiculares de Málaga, Santander, en los sitios conocidos como la Judía, sitio crítico 43 e Hisgaura.
Los funcionarios investigados son Juan Carlos Gómez Ibáñez, en su calidad de supervisor integral, y Luis Eduardo Quintero Cuéllar y Herman Montenegro Orjuela, quienes fungieron como interventores integrales entre 2014 y 2016.
Los tres contratistas deberán responder por su actuación en el convenio suscrito por el Fondo Adaptación y Sacyr Construcción Sucursal Colombia, en el que se definió desarrollar. El Ministerio Público investiga posibles omisiones e incumplimiento de deberes al no informar en la fase inicial (pre-construcción) que los estudios y diseños aplicables a las obras, no se ajustaban y correspondían a la norma técnica de diseño adecuada para la construcción de puentes, en particular el atirantado denominado Hisgaura.
Al parecer, la demora en la advertencia y en la realización de los ajustes técnicos necesarios para seguir adelante con los trabajos produjo un detrimento patrimonial, al elevar el presupuesto inicial que pasó de $80.040.716.160 hasta $103.320.388.858 millones.
Por esos hechos, el ente de control calificó provicionalmente la conducta de los disciplinables como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.
