Bibiana Bello
Corría el año de 1952 cuando los latinoamericanos, vieron por primera vez instalarse como gobierno a los militares, primero fue Cuba, en la isla más grande de las Antillas, Fulgencio Batista; mediante golpe de Estado se ancló al poder, limitando de inmediato las libertades de los cubanos y asegurándose de que fueran a prisión todos sus opositores políticos. En el sur del continente dos años después, el método se replicó con Alfredo Strossner, otro autócrata que violentó cruelmente, por 35 años al pueblo paraguayo; a esa lista de mandatarios que intentaron borrar la pluralidad de pensamiento de América Latina, se sumó en 1973 el Comandante Jefe del Ejército de Chile, Augusto Pinochet, a través del golpe de estado que derrocó al gobierno democrático de Salvador Allende, tras el bombardeo a La Moneda, el 11 de Septiembre de 1973; fecha que partió en dos la historia de Chile, que viviría por 17 años bajo el control absoluto de los militares.
Los chilenos perplejos ante la barbarie desatada por el régimen dictatorial, fueron testigos en un principio del debilitamiento del poder ejecutivo, legislativo y judicial. El horror que creían haber vivido en La Moneda, sería solo el inicio de un plan de aniquilación de derechos civiles y políticos; la dictadura militar dejó heridas profundas en una sociedad chilena, que solo hasta hace unas décadas empezó a reconocerse en la tragedia de sus historias, de familiares desaparecidos de manera forzosa, torturados, presos y asesinados por razones políticas; además de los casos de las personas que tuvieron que salir para proteger sus vidas y que desde el exilió siguen narrando los vejámenes a los que fueron sometidos por agentes estatales.
Según los informes de La Comisión Valech, organismo creado para identificar a las personas que sufrieron violaciones a los derechos humanos, la dictadura de Pinochet dejó un saldo doloroso de 40.018 víctimas, 3200 muertos entre los que se cuentan 1.192 desaparecidos, en el periodo comprendido entre 1973 y 1990.
A 30 años de haber retornado a la democracia, Chile, enfrenta hoy nuevamente el fantasma de la dictadura, los militares y carabineros volvieron a las calles, tras la decisión del Presidente Sebastián Piñera, de decretar el toque de queda, desde hace seis días volvió el terror a Chile; las ciudades y provincias están siendo patrulladas las 24 horas del día, los gases lacrimógenos y la violencia en contra de la ciudadana que se volcó a las principales plazas y avenidas del país, con la excusa de frenar el alza de la tarifa del metro, pero que tiene un cumulo de reclamos, no cesan.
‘Los soldados disparan directamente al cuerpo de las personas y se llevan a la gente en carros’, con esta frase empieza su relato de la situación Vicente Astudillo, quién nació en Santiago y a los cinco años se mudó con su familia a Valparaíso, es estudiante de derecho de la Universidad Adolfo Ibañez y asegura que desde que tiene memoria, ha participado en las movilizaciones pacíficas que adelanta el movimiento estudiantil, protagonista de las manifestaciones; sin embargo es enfático al mencionar que la represión que viven por estos días, ha trasgredido todos los limites.
El reclamo del pueblo chileno, ahora va más allá de pedir la renuncia del Presidente Sebastián Piñera, que cuando estallaron las protestas, declaro en tono contundente: “estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie”, sin embargo al día siguiente salió a pedir perdón a sus compatriotas, reconociendo de paso, que el enemigo poderoso no es otro que el pueblo chileno, que lo eligió, un pueblo que no soporta el sistema que privilegia a los empresarios y abusa de la clase más empobrecida del país, que está hastiado de ver como mueren lentamente los ciudadanos más necesitados, a los que no se les garantiza el acceso al sistema de salud, que ha quedado de concesión en concesión en manos del sector privado; que se rehúsan a seguir sobreviviendo con sueldos de miseria y que exigen que pare la usurpación del agua y la privatización de sus recursos y que reclaman con fuerza que sus abuelos, que dejaron su vida en un trabajo, tengan derecho a una pensión digna.
‘Los estudiantes alzan la primera voz de alerta y mueven al resto del país, el descontento es general, el problema radica en la constitución, que prioriza y defiende los derechos de las empresas privadas, por encima de los derechos humanos de los chilenos, muchos de los recursos están privatizados, el sector minero, el forestal y el agua’, Paula Castro, líder ambientalista, que ha trabajo desde Pulmón Verde Quilpué, por la defensa del territorio y la garantía de los derechos sociales, explica que los chilenos piden un cambio profundo del sistema y que esperan caminar hacia la construcción de una asamblea constituyente, en donde participen el grueso de las bases que hoy están condenadas al olvido.
En el marco de las protestas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), ha recibido alertas sobre casos de tortura por parte de militares, a jóvenes en la Estación Baquedano del Metro, el asesinato de 5 personas por agentes del estado, 376 heridos, la detención ilegal de 2138 personas y una cifra indeterminada de desaparecidos.
Si bien el miedo enquistado en las generaciones que vivieron bajo el régimen dictatorial es latente, los chilenos continúan saliendo en marchas multitudinarias, en las que abuelos, padres, hijos y familias completas, siguen desafiando el toque de queda que buscaba fracturar la protesta social e imponer el silencio, silencio del que en el pasado fueron víctimas y que se niegan rotundamente a repetir.
Los mandatarios no deberían olvidar que las fuerzas armadas, existen para salvaguardar fronteras, defender la soberanía nacional de agresiones extranjeras y para proteger a los ciudadanos; ejércitos que no pueden seguir siendo utilizados a su antojo para intimidar y masacrar a su mismo pueblo.
La experiencia latinoamericana, no conoce los Estados de Excepción en los que las libertades y derechos no hayan sido recortados, por eso repudia la posibilidad de volver al pasado y con más ahínco ilusionan al continente, con el renacer de la protesta pacífica que viene abriéndose paso por Nicaragua, Puerto Rico, Haití, Ecuador, Bolivia y Colombia; huelgas que tiene un denominador común, el rechazo absoluto de los pueblos a ser gobernados por empresarios, que asumen el control del Estado y en cuerpo ajeno, crean leyes que benefician a sus corporaciones y ponen políticos, que amasan sus fortunas con los recursos públicos, dinero, que se supone deberían garantizar el derecho a la sanidad, salud, vivienda, y educación de esa clase pujante latina, que no tolerará que le sigan robando la posibilidad de disentir en democracia y un futuro, en el que sus hijos no sean sometiendo nuevamente a la pobreza y desigualdad extrema.
