La Comisión Segunda del Senado de la República, aprobó los ascensos de los 30 oficiales de la Policía Nacional y de la Fuerzas Militares postulados.
Durante la discusión los senadores de oposición Antonio Sanguino, Iván Cepeda y Feliciano Valencia, dejaron constancias de sus desacuerdos con el ascenso de 18 de los 30 postulados, al encontrar que estos se hallan inmersos en alguna investigación.
“La Comisión Segunda del Senado va a repetir el mismo error de todos los años con los ascensos de oficiales que se encuentran cuestionados y llegan a esta sesión a que sean ascendidos sin que se terminen los procesos legales en los que se encuentran involucrados. Por eso seguimos insistiendo en la necesidad de hacer una reforma al sistema de ascensos, como lo hemos propuesto con nuestro proyecto que se encuentra en esta comisión a esperas de ser discutido,” señaló Sanguino.
Estos 18 oficiales son investigados por casos de casos de corrupción, falsificación de documento público, entre otros escándalos que los mantiene con investigación preliminar.
“Radicamos esta constancia para oponernos al ascenso de varios de los brigadieres y mayores generales tanto del Ejército Nacional como de la Policía. Tenemos serios reparos especialmente con relación a 18 oficiales de los 46 propuestos”, señaló el senador Iván Cepeda.
En las constancias, los tres senadores advirtieron a la Corporación que es altamente preocupante que, 18 de los oficiales postulados, se encuentren cuestionados por casos de corrupción, falsificación de documento público, violación a los DD.HH., entre otros escándalos, que los mantiene con investigación preliminar. “Los ascensos de oficiales generales y oficiales de insignia deberían concederse a aquellas personas que ostentan las más altas dignidades en la defensa del Estado Social de Derecho, desprovistas de cuestionamientos legales, disciplinarios y éticos, con una carrera ejemplo inquebrantable de la moralidad pública, la legalidad y la prevalencia de los derechos humanos”, destacan los senadores Cepeda, Sanguino y Valencia.
La discusión pasa a la plenaria del Senado, quien tendrá la última palabra.
