Después de que el Consejo Superior de Política Criminal emitiera un concepto favorable a la iniciativa legislativa presentada por medio del Proyecto de Ley 067 de 2020, el Senador del Partido de la U, José Ritter López Peña, quien lidera esta iniciativa, señaló los aspectos positivos de la propuesta, que surgió «como impulso para la reinserción social».

De acuerdo con el congresista, la iniciativa legislativa tiene como columna vertebral que un componente de ese proceso de resocialización de las personas privadas de la libertad, sea restituir el derecho al sufragio y resaltar el deber del mismo.

«El hecho de que los condenados pierden muchas libertades, no implica que pierdan su deber civil y ciudadano al sufragio. Permitir que las personas privadas de la libertad voten, por el contrario, puede reforzar sus vínculos sociales y su compromiso con el bien común», afirma el senador Ritter.

Asimismo, el senador de La U señaló que, «es sano promover la participación lícita y responsabilidad con la sociedad civil de estas personas”; además, «nuestra Constitución establece que el sufragio no es solo un derecho, también es un deber ciudadano (Art. 258), y los tratados internacionales ratificados por Colombia (Ley 16 de 1972 y Ley 74 de 1968) consagra el voto sin condición alguna».

El abecé de la iniciativa

La iniciativa está basada en La Convención Americana sobre Derechos Humanos y El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificados por Colombia; y de manera adicional y complementaria, en la revisión del derecho comparado, donde las legislaciones de Canadá, Reino Unido, Ucrania, Sudáfrica e Irán, han reconocido la continuidad de este deber para las personas privadas de la libertad.

«En Colombia se tendría un aproximado de 149.704 condenados que se podrían ver beneficiados con este proyecto de ley, sin contar con las personas en esta misma situación jurídica en condiciones excepcionales, esto es: adulto mayor, comunidad LGTBI, embarazadas o lactantes, discapacitados, indígenas y afrocolombianos», indicó el senador Ritter.

Además, precisó que uno de los pilares de la norma es la reinserción social, entendida como un conjunto de acciones orientadas a favorecer la integración a la sociedad de una persona que ha sido condenada por infringir la ley penal y una de esas acciones debe ser el ejercicio del sufragio.

Finalmente, el senador indicó que las observaciones del Consejo Superior serán tenidas en cuenta para el enriquecimiento y mejor propósito del proyecto, así como las proposiciones que sean presentadas en cada uno de los debates en el Congreso.