Un informe de la Contraloría General de la República evidenció un presunto detrimento patrimonial por un valor de $1.618 millones, en la ejecución del contrato de interventoría No. 371-2022, celebrado entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz (FCP) y DCO Ingeniería & Servicios S.A.S.

Este hallazgo fiscal corresponde a pagos realizados de manera incorrecta y desproporcionada a la interventoría, los cuales no se ajustaron a los avances reales registrados en los Planes Operativos Anuales (POA) de los contratos supervisados bajo el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

El contrato tenía como finalidad supervisar la ejecución técnica, administrativa, financiera y jurídica de los componentes del PNIS en varios territorios del país.

El análisis de la supervisión reveló que los avances técnicos de dichos contratos promediaron el 59,23%, 93,67% y 44,8%, respectivamente, muy por debajo del 100% necesario para justificar el pago total.

A pesar de ello, se avaló un pago completo a DCO Ingeniería & Servicios S.A.S., generando un sobrepago de $1.618 millones. Este hecho evidencia fallas graves en el seguimiento técnico y financiero por parte de los responsables del proceso de supervisión, siendo este la Agencia de Renovación del Territorio (ART), en su rol como entidad ejecutora del PNIS y responsable de velar por el uso adecuado de los recursos públicos.

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De acuerdo con la Contraloría, detrimento patrimonial afecta directamente los recursos destinados al
desarrollo de proyectos productivos sostenibles y a la seguridad alimentaria de las familias beneficiadas por el PNIS