La iniciativa “Ciudadanía Activa: con los ojos puestos en los recursos COVID-19”, conformada por nueve organizaciones de la sociedad civil1de diferentes territorios del país, continúa con su ejercicio de control ciudadano identificando patrones y riesgos de corrupción en la contratación pública y en la distribución de recursos destinados para atender la emergencia santitaria.

El tercer informe da continuidad al análisis desarrollado desde el 16 de marzo al 17 de julio, en torno a la contratación pública en Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá D.C. En esta ocasión se incluyen dos nuevos territorios: Atlántico y Antioquia.

¿Qué ha pasado con la contratación para atender la emergencia COVID-19?

• En cuatro meses de seguimiento a la contratación se han encontrado en SECOP contratos por aproximadamente 2.5 billones de pesos. Entre el 16 de marzo y el 17 de julio, se han celebrado 19.882 contratos por valor de $2.459.950.258.316 para atender la emergencia COVID-19. De estos contratos, el 85% ha sido mediante contratación directa, el 13 contratación bajo régimen especial y 2% bajo otras modalidades.

• Continúa predominando la contratación directa justificada en la urgencia manifiesta. De los contratos celebrados bajo modalidad directa, el 36% se han hecho utilizando la causal de urgencia manifiesta. El valor de estos contratos asciende a 1,5 billones de pesos ($1.545.219.383.780), esta cifra representa el 63% de los recursos contratados para atender la emergencia.

A nivel territorial, Caldas (89%), Atlántico (84%) y Bolívar (83%) son los departamentos, dentro del análisis territorial de la Alianza, que más realizaron contratación directa bajo esta causal.

Al respecto, Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia señala que “a casi 5 meses de decretada la emergencia, es necesario mejorar la planeación de los procesos contractuales y usar modalidades diferentes a la contratación directa, que permitan mayor pluralidad de oferentes, y calidad en los bienes y servicios”.

• Aunque la mayor inversión de recursos sigue siendo para la adquisición de mercados, se registra un aumento importante en la compra de equipos y elementos médicos. En estos cuatro meses se ha observado que la mayor parte de los contratos ha tenido como objeto la adquisición de alimentos para la población más vulnerable. Estos contratos se clasifican en SECOP bajo la categoría de “Alimentos, Bebidas y Tabaco”. En segundo lugar, se encuentran los contratos para la adquisición de elementos y equipos de bioseguridad clasificados como “Equipo Médico, Accesorios y Suministros”; es importante destacar que en esta categoría, del 25 de mayo (fecha de corte del segundo informe de Ciudadanía Activa) al 17 de julio, aumentó la inversión de recursos en más de 43 mil millones ($43.741.410.189).

• Persisten los sobrecostos y la falta de idoneidad en los contratistas. En los reportes de los departamentos de Atlántico, Córdoba, Bolívar, Risaralda, Santander y Valle del Cauca se ha alertado sobre presuntos sobrecostos en la contratación pública, especialmente en la compra de elementos de bioseguridad y kits de alimentación. También, se han encontrado alertas sobre contratistas que no cumplen con criterios de idoneidad, empresas sin experiencia previa en contratación pública y/o sin Registro Único de Proponente (RUP).

• Se destaca el interés ciudadano por reportar hechos de corrupción. Desde que se declaró la emergencia sanitaria, el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de Transparencia por Colombia ha recibido 72 reportes relacionados con posibles hechos de corrupción, de estos el 63% corresponden a posibles irregularidades en la contratación de bienes y servicios durante la emergencia. Las principales irregularidades reportadas son sobrecostos en los productos, abuso en la contratación directa o favorecimiento a intereses políticos.

• Falta claridad en la información sobre los recursos que efectivamente se han invertido para atender la pandemia. Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, para atender la emergencia, el Ministerio de Hacienda ha reportado la destinación de $7,1 billones para atención en salud y $4,7 billones para atención humanitaria, entre otras categorías de inversión. Si bien no toda la contratación se reporta a través de la plataforma de SECOP, llama la atención la diferencia de montos reportados en el servicio electrónico de contratación y las cifras dadas por el Gobierno Nacional.

• La calidad de la información que se reporta en SECOP es deficiente. Para el desarrollo del tercer informe de seguimiento a la contratación, la Alianza tuvo que depurar más de ocho millones de datos. Parte de este trabajo consistió en verificar números de identidad, valores de los contratos y verificar si correspondía, en efecto, a contratos para atender la emergencia.

La falta de calidad en esta información representa una dificultad a la hora de hacer seguimiento y control desde la ciudadanía al manejo de estos recursos. Por lo tanto, proponemos la modificación de los formularios de SECOP creando un sistema de control de datos que evite que hayan campos de texto abiertos que den lugar a errores en el cargue de información por parte de los funcionarios. De igual forma, proponemos la creación de un marcador COVID que permita identificar los contratos asignados para la atención de la emergencia, similares al marcador Paz con el que se identifican los contratos destinados a la implementación del acuerdo de paz.

• A pesar de alertas, continúan identificándose financiadores de campañas territoriales que son contratistas. A la fecha de corte de este informe se han encontrado 331 contratistas para la emergencia que financiaron campañas territoriales, de los cuales 78 entregaron sus recursos a candidatos que salieron elegidos en el 2019. El total de los contratos que han celebrado estos financiadores suman $32.285.723.513.

La Alianza Ciudadanía Activa ha realizado este ejercicio de seguimiento a la contratación pública en la emergencia con el firme propósito de aportar a la salvaguarda de los recursos públicos. Por tanto, después de este análisis, resalta la urgencia de que las entidades públicas cumplan con primero, la mejora en la calidad y la rigurosidad de los datos; segundo, la verificación en la información contractual que se sube a SECOP; y tercero, la revisión sobre el cumplimiento de los criterios mínimos habilitantes para contratar. Lo anterior con el fin de reducir riesgos de corrupción en la contratación pública y el seguimiento y control ciudadano al manejo de estos recursos.

Para Ricardo Rangel, Coordinador de Proyectos del Programa Desarrollo y Paz de Córdoba y Urabá – Darién, Cordupaz, el seguimiento a los recursos COVID-19 demuestra que la ciudadanía no se detiene en la lucha contra la corrupción y posiciona a la veeduría ciudadana como un escenario de alto impacto para visibilizar acciones fraudulentas y con ello, reafirmar la confianza en la participación ciudadana como herramienta de transformación social y política.